«Si hubiera algún error en la tramitación administrativa (de la contratación del castillo del Parc de sa Riera), asumiré la única responsabilidad. Y sólo yo como presidente seré el único responsable de ello». En esos términos se manifestó el ex teniente de alcalde de Urbanisme del Ajuntament, Javier Rodrigo de Santos, al responder a las preguntas formuladas en la Fiscalía Anticorrupción, que le interrogó el 10 de abril por el pago de 1'4 millones de euros a la empresa sueca Hags por un castillo instalado en esa zona lúdica de Palma.
De Santos volvió a declarar hace pocos días por el mismo caso, y tras ratificarse en lo que ya había manifestado, exculpando a la cúpula del ex equipo de gobierno de Cort, fue detenido en el exterior de la sede del Ministerio Público por supuestos abusos sexuales a menores de edad. Mañana, sábado, cumplirá una semana en la cárcel.
Anticorrupción imputa al ex concejal un supuesto delito de prevaricación al intervenir «en la contratación irregular del castillo de Bellver para el parque de sa Riera, autorizando una cuantía de fondos que superan en mucho lo que los informes periciales señalan», según las diligencias previas. La Fiscalía todavía no ha presentado ante el juez la querella contra De Santos.
El ex concejal declaró que «probablemente ha habido una confusión entre la financiación y la contratación del castillo, ya que su financiación le corresponde al Emop. La contratación se hizo siguiendo los parámetros que marca la ley de contratos de las administraciones públicas con el procedimiento negociado con la empresa adjudicataria de las obras por parte del Ayuntamiento», explicó Javier Rodrigo de Santos, quien insistió en que «la singularidad del proyecto hacía imprescindible que el proyecto lo realizara una empresa que tuviera la solvencia para hacer una réplica del castillo de Bellver, que iba a ser el icono principal del Parc de sa Riera, y de las gestiones realizadas se comprobó que la única empresa solvente para ello era Hags».