La entrada de asuntos relacionados con juicios por impagos de hipotecas en la sede judicial de sa Gerreria en Palma ha aumentado un 86 por ciento (ver gráfico) en los primeros cinco meses de 2008, con 309 asuntos, frente a los 166 del mismo periodo de 2007, según la estadística facilitada por el Decanato de esa sede judicial.
En la mayoría de los casos, son acciones jurídicas emprendidas por las entidades bancarias contra los hipotecados debido a la interrupción de los pagos mensuales de los créditos concertados en su momento. Todo ello, por problemas económicos surgidos ante el constante aumento de los tipos de interés y las dificultades que tienen las familias en estos momentos para hacer frente al importe de las cuotas concertadas con anterioridad.
La ejecución hipotecaria es «el último recurso» que utiliza el banco para recuperar el inmueble, según los expertos del sector, ya que «las entidades evitan, en la medida de lo posible, convertirse en inmobiliarias a través del embargo masivo de pisos impagados».
En ese contexto, bancos y cajas de ahorros de Balears han entrado en una nueva dinámica hipotecaria tras la imparable subida de los tipos de interés. Para las entidades, más vale captar clientes seguros que apostar por el número de hipotecas concedidas.
La estadística, en este caso, va en detrimento de los ciudadanos que quieran adquirir una vivienda, sea nueva o usada, porque las entidades financieras han dejado de lado las alegrías de años precedentes, según un portavoz de una entidad bancaria.
La estrategia es clara: no se trata de no conceder hipotecas, pero sí tener mayor control y evitar la ejecución de hipotecas por impago de las mismas.
Los bancos suelen esperar hasta tres meses al hipotecado antes de iniciar el proceso de embargo del inmueble. La familia endeudada puede acudir a la Ley Concursal para solicitar el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos y quiebra), y acordar con el juez el pago fraccionado de las cuotas hipotecarias. Pero, los expertos no aconsejan recurrir a esta vía legal debido a su alto coste (pagos de abogados, administrador concursal, papeleo, entre otros).
Los concursos de acreedores voluntarios y necesarios (instados por acreedores) también han crecido de forma notable entre enero y mayo de 2008 con respecto a ese mismo periodo de 2007.