Los sindicatos convocantes de la huelga de la enseñanza concertada -STE-i, USO, FSIE, FE-CCOO y FETE-UGT- exigieron ayer al Govern que presente por escrito la propuesta verbal que el Ejecutivo realizó el pasado miércoles ante el Tribunal d'Arbritatge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB). Govern y sindicatos se reunirán el próximo lunes en la Conselleria d'Educació para intentar cerrar un acuerdo. El encuentro se celebrará a las 16.00 horas, dos horas antes de la manifestación convocada para el mismo día por los huelguistas.
Las declaraciones que Miquel Martorell, director general de Planificació i Centres, realizó el pasado jueves tras la tercera jornada de paro fueron el detonante del acuerdo adoptado ayer por los sindicatos. Martorell aseguró que «la Conselleria d'Educació no hará una nueva propuesta» y que tampoco «hay posibilidad de una oferta distinta». Para el comité de huelga, esta actitud «manifiesta la intención de no negociar» del Govern, según un comunicado remitido por los sindicatos. De ahí que ayer aseguraran que continuarán «con los movimientos reivindicativos programados» e intensificarán «la demanda del profesorado para un acuerdo digno con otras acciones». El próximo paro está previsto para el miércoles 11 de junio. Por otra parte, el conseller de Presidència, Albert Moragues, aseguró ayer tras el Consell de Govern que el Ejecutivo «quiere seguir negociando». Moragues quiso recordar a los huelguistas que «la situación económica de la Comunitat no facilita» las cosas. «Confío en que conseguiremos llegar a un acuerdo y, si no, es que hay otros intereses», insistió Moragues, quien dijo que con el anterior Ejecutivo del PP la situación del profesorado era la misma que ahora. «Entonces no hubo conflictos. Sólo espero que no haya nada más detrás de estos».
El conseller de Presidència remarcó que los sindicatos tienen sobre la mesa una oferta de 21 millones de euros. Acto seguido, explicó que la diferencia actual para no llegar a cerrar el acuerdo «es de cinco euros». Una oferta que, para Moragues, «costará a los ciudadanos de Balears 85 millones más hasta el año 2015».