PATRICIO CANDIA
Cuatro años de cárcel para el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo y tres años y medio para el ex director general de Ordenació del Territori Jaume Massot. La sentencia dictada ayer por la Sección Segunda de la Audiencia de Palma recoge, prácticamente, todos los argumentos expuestos en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción y condena a los cuatro acusados por la construcción de una casa en zona protegida, propiedad de Hidalgo.
A un año de cárcel ha sido condenado el abogado, ex asesor legal del Ajuntament d'Andratx Ignasi Mir, y a cuatro meses el ex celador municipal Jaume Gibert.
Hidalgo y Massot tendrán que ingresar en la prisión una vez que el Tribunal Supremo resuelva los pertinentes recursos de casación. El ex alcalde, además, ha sido condenado a demoler la vivienda construida, o a sufragar los gastos de demolición si se encarga de ella la administración competente.
La sentencia hecha pública 'in voce' en medio de una gran expectación, señala de forma detallada que se condena a Hidalgo a un año de prisión e inhabilitación de ocho años para desempeñar cargo público por un delito de prevaricación administrativa; y a otros tres años de prisión y suspensión de cargo público e inhabilitación como promotor urbanístico por un delito contra la ordenación del territorio. También, el tribunal le impone la suspensión de empleo o cargo público durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para la promoción urbanística. Asimismo, Hidalgo tendrá que pagar una multa de veinte meses con cien euros de cuota diario, y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. Todo ello, por el delito contra la ordenación del territorio. Además, el ex primer edil tendrá que satisfacer dos sextas partes de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular personada.
En el caso de Massot, el tribunal le condena como autor directo de un delito de prevaricación administrativa y como cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio. La pena es de dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público. También le condenan a un año y seis meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. Tendrá que abonar, asimismo, una multa de sesenta euros diarios durante dos meses.
Ignaci Mir, por su parte, ha sido condenado a un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años por un delito de prevaricación administrativa, y deberá abonar una sexta parte de las costas.
En el caso de Jaume Gibert, como cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio, pero con la circunstancia atenuante «muy cualificada de colaboración con la Justicia», la pena es de cuatro meses de prisión, y dieciocho meses de suspensión de cargo público e inhabilitación para la promoción urbanística.
La multa que le corresponde es de 3.000 euros y una sexta parte de las costas.
En la lectura de la sentencia, el tribunal realizó un relato cronológico de los hechos, desde que el ex alcalde adquirió una tierra de huerto, el 6 de agosto de 2002, hasta que en julio de 2006, ya bajo investigación, realizó alteraciones en el chalet para darle apariencia de uso agrícola. «Si hubiese prosperado su legalización (de la casa), suponía lo que el Ministerio Fiscal calificó gráficamente de 'pelotazo'», señalan los magistrados. «El acusado (Hidalgo) se prevalió de su condición de alcalde en su propio y particular beneficio, obteniendo plena impunidad para terminar la obra de su vivienda unifamiliar disfrazada de almacén agrícola a escasos metros del casco urbano de la localidad en la que era la máxima autoridad municipal», señala el tribunal.