Javier Rodrigo de Santos compareció ayer ante el juez, un día antes de la fecha prevista y a primerísima hora de la mañana para esquivar a los medios de comunicación. Sólo los fotógrafos de Ultima Hora pudieron captar la llegada de De Santos a los juzgados. Los reporteros de este diario, conocedores de los rumores que circulaban acerca de que se podía dispensar un trato privilegiado, estuvieron simplemente en el lugar adecuado y en el momento más oportuno. Y consiguieron las fotos en exclusiva.
El artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -que permite al procesado a declarar cuantas veces quiera y obliga al juez a recibirle inmediatamente- da cobertura legal a lo ocurrido ayer en los Juzgados palmesanos pero, también, pone de manifiesto un trato de favor a Rodrigo de Santos que no está, en absoluto, justificado. El intento por evitar la presión mediática sobre el encausado ha acabado generando un agravio comparativo respecto a muchos otros personajes involucrados en procesos con un enorme eco en los medios de comunicación -algunos pendientes de sentencia y, por tanto, con presunción de inocencia-, los cuales comparecieron sin que se dificultase o se entorpeciera la presencia de los medios de comunicación, cuya misión no es otra que informar.
No se puede admitir que la razón de adelantar la comparencia de De Santos era evitar que se convirtiese en un circo mediático, una expresión totalmente inapropiada. Los periodistas que cubren las informaciones judiciales no pueden ser calificados de modo tan despectivo. Nunca su actuación profesional ha generado problema alguno. Por lo tanto, no tiene ninguna justificación la decisión judicial de hurtar a los medios de comunicación y la opinión pública las imágenes del declarante. Al hacerlo, el juez ha concedido unos privilegios que constituyen un agravio para otros procesados. Mal precedente, por tanto, que merece una explicación convincente que justifique lo ocurrido, puesto que se ha roto el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.