La frase supuestamente atribuida al técnico del Ajuntament de Palma Aurelio Viñals -«gratis no hago nada», según un testigo- prueba el grado de corrupción que alcanzan algunos trabajadores públicos, los cuales obtienen pingües beneficios poniendo su privilegiada posición en el entramado de la Administración al servicio de intereses particulares, en una clara vulneración de la ley.
Son demasiados los casos en los que se demuestra que el pago de 'la mordida' -por utilizar un término muy usual en Latinoamérica- explica la celeridad en la tramitación de determinados proyectos, la recalificación de terrenos, la obtención de ventajosos acuerdos y la vista gorda en la ejecución de las obras. Un repaso a la hemeroteca de los últimos años evidencia que la plaga se extiende por numerosos municipios, en especial del litoral mediterráneo, o en las grandes capitales, como es el caso de Madrid. Balears no ha quedado al margen de esta corrupción.
Funcionarios que por la mañana atienden en las ventanillas de la Administración y por la tarde tramitan los mismos asuntos en sus consultas particulares, dirigidas aparentemente por sus familiares, son, por desgracia, ejemplos que proliferan, en muchos casos, hasta ahora, con total impunidad y flagrante incompatibilidad legal.
Del mismo modo que es injusto involucrar a todo el colectivo de funcionarios -cuya inmensa mayoría cumple de manera profesional con sus obligaciones- también es preciso reclamar la máxima contundencia en la erradicación de este cáncer que avanza en nuestras instituciones, en especial en aquéllas con competencias urbanísticas o con gran capacidad inversora. Buscar las razones que dan lugar a esta lamentable situación y desactivarlas debería ser una tarea prioritaria por parte de los responsables institucionales.