PATRICIO CANDIA
Los juicios hipotecarios en la sede judicial de sa Gerreria en Palma han aumentado hasta el pasado mes de noviembre un 23 por ciento (ver gráfico), con 391 asuntos, frente a los 317 de 2006, según la estadística aportada por el Decanato de esa sede judicial.
En el 95% de los casos, son los servicios jurídicos de los bancos los que han instado esos juicios contra las familias debido a la interrupción de los pagos mensuales de las hipotecas concertados en su momento. El otro 5% corresponde a acciones legales emprendidas por terceras personas, que aceptaron el piso como garantía de una operación.
El aumento de la morosidad en el pago de las hipotecas coincide con un periodo de turbulencias de la economía y del aumento constante de los tipos de interés bancarios, según las fuentes consultadas por Ultima Hora. La estadística de juicios hipotecarios, por ejemplo, no recoge los concursos de acreedores (antiguas quiebras y suspensiones de pagos) solicitados ante el Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma, cuyo titular es el juez Víctor Fernández. Esta unidad judicial acumula esa clase de asuntos desde el pasado verano. También deben añadirse en los datos parciales de 2007 todos los casos registrados en las sedes judiciales Manacor, Inca, Eivissa y Menorca.
Juicio Los 19 juzgados de Primera Instancia de Palma se han repartido de forma pareja los juicios hipotecarios. Las entidades bancarias «ganan casi siempre», dijo un abogado especializado en la materia, por eso, la familia deudora agota todos los recursos a su alcance para evitar el temido embargo. Uno de esos recursos extremos es negociar la venta de lo que resta de la hipoteca con entidades financieras, aún a costa de sacrificar las plusvalías que puede generar una operación directa.
Bancos y cajas de ahorros de Balears han entrado en una nueva dinámica hipotecaria tras la imparable subida de los tipos de interés. Para las entidades, más vale captar clientes seguros que apostar por el número de hipotecas concedidas. La estadística, en este caso, va en detrimento de los ciudadanos que quieran adquirir una vivienda, sea nueva o usada, porque las entidades financieras han dejado de lado las alegrías de años precedentes, según un portavoz de una entidad bancaria.
La estrategia es clara: no se trata de no conceder hipotecas, pero sí tener mayor control y evitar la ejecución de hipotecas por impago de las mismas. La vivienda usada es la primera en detectar el comportamiento del mercado inmobiliario en las Islas, y algunas entidades están haciendo su agosto particular con la adquisición de hipotecas que las familias ya no pueden pagar.
En ese contexto, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Balears (API), señala que la mitad de los propietarios de Balears que pone su vivienda usada a la venta acaba bajando el precio inicial entre 5 y el 10%.
Tendencia Una tendencia a la baja confirmada por los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, que destacan que los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito han suscrito en los ocho primeros meses del año un total de 38.569 hipotecas en Balears, lo que supone un descenso del 1'81 por ciento respecto al mismo periodo que el año anterior, lo que significa la primera caída registrada en el archipiélago desde 1996.
El dinero «es cobarde, permanece quieto», según la definición de los especialistas, a la espera de que se aclare el panorama económico, sobre todo, en el sector inmobiliario.
Mucha gente espera un descenso de los precios de los pisos ante la falta de demanda y por el deseo de las entidades bancarias de 'soltar lastre' con las viviendas embargadas. Durante los primeros 20 días de impago, las entidades se ponen en contacto con el deudor para informarle de la deuda, por si se tratase de un olvido de éste. Si el impago persiste, la entidad envía avisos más «convincentes» en los que se suelen especificar los intereses de demora y las comisiones fijadas en el contrato del préstamo. A los tres meses del impago las entidades intensifican sus acciones, y cuando han pasado seis meses los bancos acuden a la vía judicial.