El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, abogó ayer en Palma por conformar una coalición de izquierdas y nacionalista en Balears para concurrir a las próximas generales. «Hay que tener un proyecto de Estado, que las fuerzas se agreguen», dijo Llamazares en clara alusión al PSM, contrario a acudir en coalición con Esquerra Unida para las próximas generales. Llamazares recordó que en otras comunidades Izquiera Unida irá en coalición con fuerzas nacionalistas. Acompañado por el coordinador general de EU en Balears, Miquel Ramón, Llamazares asistió a una comida donde se trató el futuro pacto electoral en Balears de distintas fuerzas políticas. Algunos dirigentes de EU con gran peso específico en la formación de izquierdas son cada vez más pesimistas ante la posible incorporación del PSM a esta coalición.
Al margen de cuestiones interna, Llamazares aprovechó su presencia en Palma para criticar la postura del ministro de Economía, Pedro Solbes, ante el incremento del IPC. «Me preocupa la frialdad de Solbes respecto a la inflación, cuyo incremento está perjudicando seriamente a las personas con menos ingresos», declaró.
En relación al PSOE, Llamazares también se mostró crítico respecto al giro hacia el centro de Zapatero. «En el centro político ahora mismo hay overbooking. Entre PP y PSOE, no cabe nadie más», ironizó. El líder de Izquierda Unida anunció que su fuerza política rechaza frontalmente la supresión del Impuesto de Patrimonio y Llamazares dijo que su formación política propondrá un impuesto especial para grandes fortunas.
Asimismo, Gaspar Llamazares, condenó ayer «sin paliativos» el último comunicado de ETA y aseguró que la organización terrorista es una «rémora» para la sociedad vasca y española. Llamazares propuso luchar de forma «firme y sin atajos», pero «sin ir más allá de los derechos y las garantías democráticas».El líder de IU realizó un llamamiento a la «prudencia» y rechazó dejarse arrastrar «por respuestas en caliente ni tampoco por el extremismo del Partido Popular», y matizó que la decisión adoptada por Estrasburgo, en relación a una eventual ilegalización de ANV, es una «llamada de atención sobre los límites en materia política» de la lucha antiterrorista.