El lehendakari Juan José Ibarretxe deberá sentarse en el banquillo, junto con el líder socialista en el País Vasco, Patxi López, por la entrevista que mantuvo con los dirigentes de la ilegalizada Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegui, en enero y abril del pasado año; durante el período de alto el fuego de la banda terrorista ETA.
El juez pretende enjuiciar a los políticos vascos por considerar que hay «indicios racionales» de un delito de desobediencia, una causa promovida por el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia. La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento.
La decisión judicial resulta, en todo caso, sorprendente. Atenta al sentido común que el presidente de una comunidad autónoma, como es el caso de Ibarretxe, deba responder penalmente de su actuación política por los contactos "públicos" mantenidos con Batasuna. El despropósito todavía es mayor si se tiene presente que en aquellos meses el Gobierno negociaba, directamente, con ETA.
Con independencia del final de este proceso, debe quedar claro que las responsabilidades de Ibarretxe y el socialista López deben quedar circunscritas al ámbito político; el diálogo es intrínseco al modelo democrático. Ello en absoluto puede interpretarse como una total impunidad o una justificación a la toma de decisiones al margen de la Ley. Se puede criticar al lehendakari por querer convocar un referéndum, especialmente en estas circunstancias, con ETA cometiendo atentados, pero no se le pude procesar por dialogar con los abertzales para busca la paz en Euskadi.
Hay que confiar en que la decisión judicial no signifique, al final, una excusa para agravar, todavía más, el clima de convivencia en el País Vasco. Y que se archive el caso cuanto antes.