La sentencia dictada ayer en Madrid por el juez Javier Gómez Bermúdez de la Audiencia Nacional sobre los atentados del 11-M supone, en primer lugar, la prevalencia del Estado de Derecho como respuesta al fenómeno terrorista; circunstancia que pone a España como ejemplo respecto a otros países occidentales "como Estados Unidos o Gran Bretaña" que todavía no han enjuiciado los grandes ataques de los que han sido objeto en los últimos años.
Con independencia de la espectacularidad de las grandes penas impuestas por el Tribunal a los autores y cómplices del atentado, que incluye la sorprendente absolución por falta de pruebas incriminatorias de Rabei Osman El Sayed 'Mohamed El Egipcio', la sentencia aclara la mayoría de las circunstancias determinantes sobre la autoría de las explosiones que segaron la vida de 191 personas el 11 de marzo de 2003, cortando de raíz e invalidando teorías e hipótesis lanzadas con intencionalidad política.
Desde ayer, tras la lectura del fallo de la Audiencia Nacional ha quedado demostrada la falsedad de las vinculaciones de una conspiración de grupos islamistas y la banda terrorista ETA, así como eventuales errores en la instrucción del sumario y recopilación de pruebas, argumentos sobre los que, ahora conviene tenerlo muy presente, se han basado durante estos años algunos grupos mediáticos contrarios al Gobierno y a los que se ha sumado la dirección nacional del Partido Popular. El juicio ha demostrado la falsedad de todos estos argumentos.
La herida del 11-M tardará décadas en cicatrizar, fue demasiado el dolor infligido a la sociedad, pero la sentencia de ayer debería significar, por lo menos, el punto final de la guerra política que generó en España.