El informe presentado por el Centro Económico y Social (CES) pone de manifiesto el severo déficit presupuestario que las instituciones de Balears destinan a las políticas sociales en materia de vivienda, educación y servicios asistenciales; una situación agravada por los importantes incrementos de población registrada en los últimos años. De hecho, en las Islas apenas se destina un 4 por ciento del conjunto de los recursos públicos a la financiación de la atención social cuando, según la Ley de Servicios Sociales de 1987 -hace veinte años- este capítulo debería superar el 6 por ciento.
Los datos del CES, en el que se reflejan indudables datos de la bonanza económica en las que se encuentran las Balears, también prestan atención a los datos más dolorosos de la economía. El índice de pobreza -umbral a partir del cual se considera que una persona es pobre- es el más alto del conjunto de España, aunque los ingresos en las Islas sean superiores -4.634 euros por adulto, cifra que dobla la de Extremadura-, el elevado nivel de vida hace que esa cantidad sea insuficiente para no quedar en la marginalidad.
Por tanto, en Balears se mantiene una amarga convivencia entre la pujanza económica con un amplio sector de la población, un 4'37 por ciento de los hogares, que están inmersos en la pobreza.
El informe del CES coincide con la publicación del Anuario Económico de La Caixa, un documento que vuelve a radiografiar la evolución económica del país, en la que Balears, la comunidad con una de las tasas más elevadas de crecimiento de la población, deja atrás el liderazgo en favor de otras regiones -Catalunya, Valencia, Madrid, Andalucía y Galicia- que muestran claros síntomas de recuperación. Ya no es oro todo lo que reluce.