El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, Víctor Fernández, advirtió que la saturación y bloqueo de esa instancia está generando «inseguridad jurídica» a las empresas y puede ahuyentar la llegada de capital foráneo a Balears.
El Juzgado de lo Mercantil cerró 2006 con un total de 791 asuntos ingresados, más del doble de lo que es asumible por una instancia en la que prestan sus servicios el juez, un secretario y cuatro funcionarios, según refleja la Memoria Judicial.
En 2005, ese juzgado atendió 541 casos (concursos voluntarios, societarios, transportes, propiedad intelectual e industrial).
La situación de bloqueo está llegando a tal dimensión, que el Juzgado de lo Mercantil está señalando juicios para el próximo mes de octubre.
El juez Víctor Fernández ya ha puesto esa situación en conocimiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Antoni Terrasa.«La sobrecarga de trabajo en nuestro juzgado crea inseguridad jurídica a las empresas, y ya se sabe que el dinero es cobarde», explicó el titular del Juzgado de lo Mercantil, que destacó «el notable esfuerzo» que realizan los funcionarios para hacer frente a todos los asuntos que tramitan.
«Hacemos frente al doble de trabajo exigible, gracias a la profesionalidad de la plantilla, por eso es imprescindible crear en Palma un segundo juzgado de lo Mercantil», subrayó.
El juez admite que la solución a ese atasco la tiene el Ministerio de Justicia, que debe aportar la partida presupuestaria necesaria para crear un segundo juzgado en Palma.
«Soy escéptico en ese sentido y no creo que avancemos demasiado antes de fin de año, pese a los esfuerzo de Rosa Estaràs (vicepresidenta del Govern), que intenta solventar problemas endémicos en esta comunidad», señaló el juez de lo Mercantil.
El futuro traspaso de las competencias a Balears en materia de justicia puede ser una solución para el sector, pero esa cuestión está condicionada por la partida de dinero que se pacte entre el Ejecutivo central y el autonómico.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Antoni Terrasa, ya había solicitado a Madrid la urgente puesta en marcha de un segundo Juzgado de lo Mercantil en Palma debido a la elevada carga de trabajo que está soportando la instancia de la que es titular el juez Víctor Fernández. Balears puede superar este año los mil asuntos ingresados, casi el triple de lo que puede asumir. Balears fue la primera Comunitat Autònoma en poner en marcha de forma experimental el Juzgado de lo Mercantil y según los expertos, la instancia pretende evitar situaciones de abuso y privilegio, pues en la situación anterior, cuando se iniciaba el reparto del patrimonio del deudor insolvente, el acreedor ordinario se encontraba con que apenas quedaban bienes que distribuir. El objetivo que persigue la Ley Concursal es, entre otras cuestiones, que las resoluciones se dicten con mayor celeridad, con más coherencia y unidad en la labor interpretativa de las normas, lo que genera una mayor seguridad jurídica. Eso sí, siempre y cuando la carga de trabajo no desborde al juzgado.