Lo que ya se conoce como «el culebrón de Endesa» parece estar viviendo sus últimos capítulos y no se vislumbra un final tan feliz como auguraba el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Después de una auténtica agonía de muchos meses, la compañía eléctrica acabará en manos de Acciona, Enel y E.ON, es decir, que se repartirá entre españoles, italianos y alemanes, una solución salomónica que evita que Endesa pase a ser controlada mayoritariamente por los alemanes, pero también deja atrás la solución primera, que era la OPA planteada por Gas Natural, una actuación que tuvo un camino tortuoso y una mala planificación en sus comienzos, que indignó a muchos por el hecho de tratarse de una empresa catalana (cuando se estaba negociando el Estatut) y que, además, pagaba las acciones a un precio muy bajo y no enteramente en efectivo, contra lo que sucedió a posteriori con la eléctrica alemana.
Así las cosas, casi nadie parece estar demasiado satisfecho con el «apaño» logrado en el último momento. A la derecha le parece que Endesa ha sido finalmente desguazada y vendida a manos extranjeras -máxime cuando Enel es una empresa pública italiana, es decir, controlada por el Gobierno de Romano Prodi-, aunque el Gobierno español se muestra encantado porque, finalmente, ha conseguido frenar la participación mayoritaria de los alemanes y ha logrado que la compañía conserve su sede española.
Al final lo que nos importa a los ciudadanos no es tanto quién es el dueño de una macroempresa de estas características, sino el servicio que da y los precios que exige por ello. Desde Balears, donde GESA es la única empresa que sirve energía eléctrica, nos preocupa la posible pérdida de calidad en el suministro o la eventual subida de precios. Aunque el control de las empresas privadas no es algo que deban asumir las Administraciones públicas, sí deben vigilar que no se produzcan excesos y arbitrar las medidas precisas para que esto no suceda.