El president del Govern, Jaume Matas, destacó ayer la importancia de que la reforma del Estatut incluya una «cláusula de garantía» que blinde las inversiones del Estado en Balears por un total de 3.000 millones de euros. Esta cláusula contempla que, en caso de que el Gobierno central no cumpla sus compromisos con Balears, una comisión bilateral pueda exigir la incorporación de las cantidades no abonadas en el siguiente ejercicio presupuestario con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Este blindaje permitiría que, cada dos años, se revisase el cumplimiento del compromiso del Estado que se incluya en el Estatut, una ley orgánica de obligado cumplimiento y que debe ser ratificada en el Congreso de los Diputados. Dicha comisión, además, no se vería afectada por la posible discrecionalidad del gobierno de turno. La presidencia de la comisión mixta Govern-Madrid sería rotatoria y podría convocarse por una de las dos partes. Si se convocase, bastaría la presencia de una de las partes para que existiese quórum y, por lo tanto, estaría facultada para adoptar acuerdos.
Matas destacó que esta cláusula quiere actuar como un «mecanismo de salvaguarda» para conseguir el objetivo del Govern: que el Estatut pueda resolver, de una vez por todas, los problemas de financiación de Balears. En rueda de prensa convocada tras la reunión del Consell de Govern, Matas dijo que otro de los objetivos de la reforma del Estatut es garantizar que el Estado invierta en Balears la misma cantidad que la media estataper cápita para los servicios de sanidad y educación.