Cerca de 1.500 comercios de Mallorca pueden verse obligados a cerrar cuando acabe la temporada turística si se mantiene la prohibición de venta de tabaco, según aseguró ayer el portavoz de la Federación de Asociaciones de Comercio, Ocio y Restauración, José Tirado. Los comerciantes adheridos a esta asociación celebrarán estar tarde una asamblea para decidir si se suman o no a las movilizaciones convocadas en toda España en contra de la ley antitabaco aprobada por el Gobierno. Tirado señaló que los efectos de la prohibición de vender tabaco se notarán durante la temporada de verano y en las zonas turísticas, donde cientos de pequeños establecimientos como quioscos, licorerías o supermercados sobreviven gracias a los beneficios generados por la venta de cigarrillos. «Estimamos que, si sigue la prohibición, al final de temporada deberán cerrar entre 1.200 y 1.500 establecimientos de este tipo», añadió Tirado.
Explicó que a las pérdidas generadas por no poder vender tabaco hay que sumar aquellas que se producen porque no se venden otros productos que también compraban los fumadores. La situación se notará especialmente en verano, ya que los turistas ingleses y alemanes eran grandes consumidores de cajetillas de tabaco dado que en sus países de origen este producto puede llegar a estar un 300 por ciento más caro. Tirado denunció que la ley se ha planteado en términos «anticomerciales» ya que mientras estos pequeños establecimientos tienen prohibida la venta, bares y restaurantes sí pueden seguir ofreciendo cigarrillos en sus establecimientos a través de máquinas expendedoras. Un quiosquero puede llegar a perder entre 18.000 y 24.000 euros por la prohibición de vender tabaco, según las estimaciones realizadas.En relación con este tema, UM ofreció ayer una rueda de prensa en la que anunció que presentará una proposición en el Parlament para instar al Gobierno a que rectifique y permita la venta de cigarrillos en estos pequeños comercios. Según Isidre Cañellas, miembro de la ejecutiva de UM, sólo en la zona de Magaluf se estima que las pérdidas anuales pueden ser de entre 30 y 40 millones de euros. Los nacionalistas anunciaron además que en la misma proposición pedirán al Govern balear que dé marcha atrás y aplique la ley nacional en aquellos bares y cafeterías de menos de cien metros. Josep Lliteres, representante del partido nacionalista, aseguró que la aplicación de la ley autonómica es contradictoria y puede provocar gastos de adaptación de locales que muchos pequeños bares no podrán asumir.