El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Antoni Terrasa, y los letrados Joan Font, (decano del Colegio de Abogados), Gabriel García y Eduardo Valdivia, opinaron ayer sobre el proyecto de ley que prepara el Gobierno sobre la reforma de la casación, que facultaría al TSJB para resolver los recursos que hasta ahora era competencia exclusiva del Tribunal Supremo (TS). Font dijo que el cometido de esas nuevas funciones «tienen un riesgo, y es que se colapse el TSJB si no lo dotan de forma correcta». El presidente del TSJB dijo: «La cuestión es que si se ha respetado el texto que se manejaban como anteproyecto, es verdad que hay una potenciación de los tribunales superiores para que conozcan de los últimos recursos antes de que el TS siga cumpliendo su función, pero esta vez no a través del recurso de casación».
Y añadió: «Se van a potenciar los tribunales superiores para que se residencie en ellos los últimos recursos antes de que el TS siga cumpliendo la función de último intérprete unificador, pero ahora a través de un recurso para la unificación de doctrina. Esta potenciación es absoluta en cuanto al derecho civil propio de la comunidad autónoma, en tanto que los recursos se agotan en el de casación atribuido a la Sala de Civil y Penal del TSJB, y luego también, se potencia el tribunal superior en cuanto al orden contencioso administrativo para darle la interpretación última de las normas legisladas en la comunidad autónoma».
Gabriel García, catedrático de Derecho Penal de la UIB señaló: «Hay que ser cautos. Hasta ahora, como la casación siempre se ha resuelto en Madrid, ayudaba a que se produjera una doctrina unánime. Pero es pronto para pronunciarse con rotundidad debido a que desconocemos el texto definitivo del proyecto que aprobará el Gobierno». Eduardo Valdivia, por su parte, señaló: «En el orden civil agilizará mucho la casación porque en estos momentos el TS está absolutamente colapsado, con retrasos de cinco o siete años. Por tanto, que se resuelva en casación aquí agilizará sustancialmente la tramitación. En el orden penal, si finalmente se lleva a cabo, lo que hará el TSJB es conocer por vía de apelación las sentencias dictadas en la Audiencia Provincial cumpliendo con la obligación, ya que España ha sido requerida por la ONU para cumplir con la doble instancia. Asimismo, Joan Font dijo: «Lo veo positivo porque esto ayudará a descongestionar el TS que al menos en materia civil está tardando hasta ocho años en resolver. Al mismo tiempo, el TSJB está infrautilizado, así que podría asumir más competencias. El riesgo es que se colapse si no lo dotan bien de medios y de personal».