Una sentencia del Tribunal Constitucional, que el Tribunal de Justicia considera «aplicable» a la Ley de Acompañamiento de Presupuestos de 1997, evidencia que la transferencia de educación no se negoció bien por parte del Govern balear. Es más, sitúa al Ejecutivo autonómico en la situación de hacer frente al pago de una importante suma de dinero a 11.200 funcionarios de la Conselleria.
Al recibir las competencias el Parlament de las Illes Balears aprobó, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, una disposición mediante la cual la homologación de los salarios de los funcionarios transferidos se llevaría a cabo a un ritmo de un 25% anual durante cuatro años. Para defender su postura el Govern aludió a «limitaciones presupuetarias».
El Tribunal Constitucional ha aclarado que es inconstitucional la diferenciación salarial de los funcionarios por su origen y ha añadido que «los relevantes efectos orgánicos y presupuestarios provocados por el traspaso de personal tendrían que ser tomados en consideración por la Administración autonómica cuando negocia en el marco de la comisión mixta de transferencias».
Esta sentencia que el Superior considera aplicable al caso mencionado va referida a otra ley del Parlament balear sobre traslado de funcionarios y se hizo pública el verano de 2004. Ahora, el Tribunal Superior que tramita un recurso de CCOO ha planteado una cuestión de constitucionalidad sobre educación, admitida a trámite por el TC.
Las fuentes consultadas han indicado que el Parlament, atendiendo a los antecedentes, ha renunciado a personarse frente al Constitucional para defender su ley. Se prevé que el Govern se verá obligado a volver el 75% de lo que faltaba para la homologación a todos los funcionarios, 11.200, que fueron transferidos.