Cientos de recursos presentados por inmigrantes que desean obtener el permiso de residencia y trabajo acogiéndose al último proceso de regularización (deben demostrar que residían en España antes del 8 de agosto de 2004), están colapsando los dos juzgados de lo contencioso administrativo de Palma. Fuentes judiciales confirmaron ayer a este diario que la avalancha de recursos obliga a los juzgados a programar los juicios con un año de retraso (octubre de 2006), a pesar de que dedican días «especiales» sólo a vistas orales para tratar de forma específica esa materia. Así, en esas jornadas se celebran entre diez y quince juicios a lo largo de la mañana, como ocurrió ayer en el juzgado de lo contencioso número 1.
Mientras esperan que su caso sea juzgado por los jueces, los extranjeros en situación irregular están encontrando serias dificultades para justificar su estancia en el país antes del 8 de agosto de 2004. Como informó Ultima Horalos magistrados no están aceptando billetes de avión, movimientos bancarios o envíos de dinero desde Palma (por ejemplo) como prueba de la estancia en el país.
Varias sentencias dictadas por el juzgado de lo contencioso número 2 de Palma inciden en esa cuestión, con una salvedad: el juez sí dio por válidos documentos expedidos por la empresa Salvamento y Socorrismo Balear SL, otorgado por el Govern, y un informe del servicio de atención primaria del IB-Salut, ya que los considera «documentos públicos fehacientes». Por ello, estimaron los recursos. En la actualidad, más del cincuenta por ciento de las sentencias dictadas por los magistrados de Palma hacen referencia a recursos planteados por los inmigrantes en situación irregular.