El Gobierno central no cederá a Balears la titularidad de Cabrera pese a la transferencia de las competencias de gestión sobre el parque nacional.
En una reunón técnica mantenida entre representantes del Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas, el secretario general estatal para la Biodiversidad y el Territorio, Antonio Serrano, comunicó que no es intención del Gobierno traspasar la titularidad de las terrenos públicos integrados en los parques nacionales.
Si bien la gestión del Parc Nacional de Cabrera ha correspondido hasta ahora al Ministerio de Medio Ambiente, el propietario del subarchipiélago desde que fue expropiado por interés estratégico en 1915 es el Ministerio de Defensa. Por tanto, toda Cabrera es pública.
Balears, al igual que otras comunidades autónomas, reclamará que la transferencia de gestión se vea acompañada por el traspaso de la titularidad de Cabrera. No obstante, si así se hiciera, significaría que el motivo por el que en su momento Cabrera fue expropiada, un interés estratégico para la defensa nacional, perdería su vigencia y podría plantearse la reversión a los herederos de la antigua familia propietaria.
Sin embargo, el secretario general técnico de la Conselleria, Miquel Ramis d'Ayreflor, explicó que «con la Ley de Expropiación Forzosa en la mano, Cabrera, pese a perder su interés defensivo, mantendría una finalidad de utilidad pública, la de su protección, por lo que no procede una posible desafectación».
La Conselleria también argumentará que, con la desaparición del antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona), sus fincas y montes públicos fueron traspasados a la Comunitat Autònoma, tal es el caso de Binifaldó o es Cairats.
En el caso de las Islas, el Ministerio también pretende reservarse la gestión del centro de interpretación de ses Salines, a lo que la Conselleria también se opone porque, según fuentes del departamento autonómico, «supondría descafeinar la competencia de gestión».
Igualmente, la Conselleria denuncia que el ministerio también pretende mantener «una estructura paralela con funcionarios propios vinculados a Cabrera y crear un registro estatal de subvenciones a proyectos en zonas limítrofes con parques nacionales».