La segunda liberalización en los servicios de asistencia en tierra a pasajeros y aviones en los aeropuertos («handling») de las Islas y en el resto de la red de AENA, que permitirá la entrada de un nuevo operador, afectará en Balears a 1.000 trabajadores. Esta segunda liberalización, según la Federación de Transporte de UGT y el presidente de la patronal de «handling» Aseata, Salvador Margalló, «se está planificando con secretismo y va a tener unas consecuencias muy negativas por la pérdida de empleos y la merma de la calidad de las condiciones laborales».
Esta cuestión de vital importancia para la operatividad aeroportuaria se analizó ayer en Palma en el transcurso de la I Jornada sobre el Transporte Aéreo, a la que asistieron representantes del sector aeronáutico de todos los aeropuertos del país.
Para el secretario general de la Federación de Transportes de UGT de Balears, Pedro Berruezo, «se trata de una cuestión de difícil resolución que queremos denunciar ahora porque la entrada del tercer operador en los aeropuertos (actualmente están Iberia e Ineuropa Handling) va a generar una pérdida de empleo».
El secretario federal del Sector Aéreo de UGT, Francisco Rodríguez, criticó el «secretismo y la falta de diálogo con la que está procediendo el Gobierno central. Una situación que se ve agravada por la indefensión que sufren los trabajadores a raíz de las sentencias judiciales que permiten a las compañías del sector no subrogar los contratos de los empleados en los casos de cambio de concesiones. Es por ello, que las administraciones públicas deben intervenir para garantizar el mantenimiento de las condiciones laborales de las personas afectadas por esta situación».
Los presidentes de las patronales aéreas ACETA y AECA, Juan Losa y Felipe Navío, respectivamente, discreparon sobre la forma en que se tiene que liberalizar esta cuestión, primando Losa una actuación «planificada y reflexionada para que no afecte a los trabajadores», mientras que Navío abogó por esta liberalización, así como la de otros servicios aeroportuarios, «porque ello rebajará los costes de escalas de los aeropuertos españoles, que son muy elevados con respecto a las instalaciones del resto del Mediterráneo».
AECA, asimismo, se posicionó por una gestión pública de los aeropuertos más que por una privatización, «porque ello mejorará la operatividad y permitirá establecer un control de la gestión cada cuatro año. Es la fórmula para descentralizar la gestión aeroportuaria, que está ahora en manos de AENA».