Can Serra, uno de los edificios comprados por el Govern del Pacte con la recaudación de la ecotasa, no puede utilizarse todavía ya que amenaza ruina. El arquitecto encargado de dirigir la reforma recomendó al Govern que ampliase el grosor de las paredes interiores -lo que técnicamente se conoce como un sandwich- ante la posibilidad de que el inmueble no soportase el peso de la nueva cubierta prevista en la segunda fase de la reforma. En la primera fase de las obras se apuntaló el edificio. Antes de proceder a la segunda fase de la remodelación, presupuestada en 300.000 euros por el Govern, el arquitecto sugirió que se ampliase el grosor de las paredes para evitar posibles derrumbes. Desde hace unos meses, la empresa encargada de la reforma se encarga de fortalecer las paredes interiores de Can Serra -una obra no prevista inicialmente- mientras expertos de la UIB realizan un estudio detallado del interior del inmueble ante la posibilidad de que las obras de reforma puedan dañar elementos arquitectónicos con un alto valor histórico.
El Govern no sabe qué utilidad puede tener un edificio que amenaza ruina y que, además, tiene un problema añadido. La planta baja del edificio cuenta con otros tres propietarios y una de estas viviendas que no pertenece al Govern está alquilada a una tercera persona. Además, otro de los inmuebles tiene un problema aún mayor: sus herederos se disputan la titularidad de la vivienda y todavía no han alcanzado ningún acuerdo. Por lo tanto, el posible uso que le quiera dar el Govern a Can Serra está hipotecado ya que la propiedad está compartida.
«De momento no nos estamos planteando ningún uso concreto para Can Serra. El edificio amenaza ruina y el único objetivo ahora es evitar que pueda caerse», explicó a este periódico un portavoz autorizado de la Conselleria de Turisme. El Govern llegó a plantearse la posibilidad de ceder Can Serra a Fiscalía, pero la situación de la estructura del edificio frenó cualquier acuerdo con el Ministerio de Justicia. Por el contrario, la futura sede de Fiscalía se instalará en el antiguo edificio de la ONCE, en la Plaça Berenguer de Palou de Palma. Además, Fiscalía buscaba un edificio que estuviese próximo a la Audiencia Provincial y al Tribunal Superior de Justicia de Balears, un requisito que no cumplía Can Serra, un inmueble que costó 1,4 millones al Govern.