J.T.
Un decreto aprobado por el Govern permite a la Conselleria de
Interior certificar los niveles de catalán de los aspirantes en las
pruebas para acceder a la Función Pública. De esta manera, el
aplazamiento indefinido de las pruebas de catalán que la Junta
Avaluadora de Català (JAC) tenía de efectuar este junio, no
afectará a las ofertas públicas de ocupación que la Comunitat
Autònoma tiene previsto llevar a cabo este mismo año. Así lo ha
confirmado el conseller de Interior, José María Rodríguez, quien
dejó claro que un decreto aprobado el pasado septiembre permitirá
que el aplazamiento de las pruebas de catalán «no afecten a
aquellos que todos aquellos ciudadanos que aspiran a acceder a la
función púlica».
Según el responsable autonómico, a partir de la aplicación de esta norma las personas sin título de la JAC podrán hacer una prueba previa a las oposiciones para acreditar su nivel lingüístico y, si la superan, tendrán la posibilidad de concurrir a loa exámenes igual que los aspirantes que acrediten el nivel de catalán exigido.
La Conselleria d'Educació i Cultura decidió a principios de semana aplazar las pruebas de catalán que la JAC debía efectuar este junio por las «dificultades operativas» que provocó el aprobado general concedido por los examinadores de Palma el pasado mes de enero. La decisión podría afectar a unas 6.000 personas interesadas en poder certificar su nivel de catalán, pero no debería tener ninguna repercusión en las ofertas públicas de ocupación.
La Conselleria de Interior convocará a finales de este mes o principios de mayo las oposiciones para ocupar un número de plazas de funcionarios de la administración autonómica todavía por determinar. Esta sería la primera oferta pública de ocupación genérica que hace el Govern del PP durante la actual legislatura.
Se prevé que a lo largo de la próxima semana se concreten las plazas para cubrir a través de las pruebas que podrían realizarse entre los meses de julio y septiembre. Según Interior, la oferta de plazas será de una magnitud importante y afectará a diversos niveles laborales de la Administración Pública.