El Consell de Govern, a propuesta del conseller de Comerç, Indústria i Energia, Josep Juan Cardona, aprobó el pasado día 26 de marzo un decreto que impide la instalación en Balears de nuevas empresas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) como mínimo durante los próximos 18 meses. El decreto, que entró en vigor ayer, un día después de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), está hecho con un sólo objetivo: evitar que el Consell de Mallorca se vea obligado a rescatar la concesión de los servios de ITV, en manos de la empresa Fomento. Según las estimaciones realizadas por los técnicos, la institución insular se vería obligada a pagar unos 12 millones de euros por recuperar la concesión. Las razones que han obligado al Govern a aprobar este decreto para salvaguardar las finanzas de la institución insular hay que buscarlas en los polémicos decretos de liberalización aprobados en el año 2000 por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato. El decreto referido a las medidas urgentes para la liberalización de las telecomunicaciones estableció un nuevo sistema para la prestación de los servicios de la inspección técnica de vehículos.
El decreto de liberalización permitía la concurrencia de varias empresas para la prestación de este servicio. Sin embargo, a pesar de que facilitaba la competencia de empresas, el decreto de Rato creo un grave quebranto para la mayoría de las comunidades autónomas, que tienen este servicio en régimen de concesión administrativa. El Consell de Mallorca es una de las administraciones afectadas, ya que es la empresa Fomento la que realiza las inspecciones por medio de una concesión del Consell. Al pasarse del sistema de concesión al sistema de autorización administrativa, el Consell se veía obligado a rescatar la concesión con la compra de las instalaciones de la ITV más el pago del lucro cesante. Dado que la concesión a Fomento finaliza en el año 2018, los técnicos del Consell han estimado que el coste de rescate del servicio ronda los 12 millones de euros. Tres de ellos corresponden al pago de las instalaciones y, el resto, al lucro cesante correspondiente a los beneficios estimados para los próximos 15 años.
De esta forma, las medidas liberalizadoras en materia de ITV no se aplicarán, como mínimo, hasta dentro de 18 meses, plazo en el que acaba la moratoria del Ejecutivo balear. El decreto aprobado por el Govern a propuesta de Josep Juan Cardona fija además que quedarán en suspenso todas las solicitudes de instalación de nuevos servicios de inspección de vehículos que se hayan presentado desde el año 2003. El decreto aprobado por el Govern tiene carácter temporal hasta que el Ejecutivo elabore una nueva normativa autonómica que regule los criterios a la hora de autorizar nuevas instalaciones de ITV en las Islas. De esta forma, la autorización para la instalación de estas nuevas empresas quedará regulada por una normativa que fije los requisitos técnicos imprescindibles que deben cumplir las empresas, así como la regulación de tarifas máximas del servicio y horarios de apertura.