En Balears, 237 mujeres maltratadas han solicitado protección policial para salvar su vida ante el temor de ser agredidas nuevamente por sus compañeros. Los jueces se la han concedido en un ochenta por ciento de los casos. En toda España, desde que se puso en marcha la medida, en agosto pasado -gracias a una inusitada unanimidad parlamentaria-, casi ocho mil personas han pedido esa protección. Las cifras son estremecedoras y más si tenemos en cuenta que las muertes por esa causa han crecido un 54 por ciento en 2003 y se auguran parámetros similares -si no peores- en adelante.
Pero quizá lo más curioso es que en el 75 por ciento de los casos, una abrumadora mayoría, las víctimas mortales nunca habían denunciado a su agresor, lo que complica todavía más la solución de los casos, al hacer casi imposible la prevención.
Es un problema complejo al que por más vueltas que le demos nunca hallamos explicación lógica. Se dice ahora que Suecia -país moderno y civilizado donde los haya- encabeza las estadísticas de maltrato a mujeres. De modo que no podemos asociar este fenómeno a nuestro carácter latino, ni mediterráneo, ni nada. Algo terrible les está ocurriendo a los hombres -sólo a algunos, por fortuna- cuando se sienten incapaces de ver en su mujer, novia o amiga a un igual. A un ser humano que siente, piensa, vive y toma sus propias decisiones.
No es un asunto frívolo ni fácil. Son muchas las variables que hay que afrontar, pero de entrada la más perentoria es la protección a las víctimas y a quienes temen llegar a serlo. De ahí que se nos antoje una locura dar seguridad física y psíquica a ocho mil personas, algo que sólo con un empeño feroz y enorme dotación económica podrá conseguirse.