La primera promoción de la policía turística comenzó ayer sus clases con 110 alumnos, seleccionados por la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) entre 370 solicitantes, en un acto al que asistieron el delegado del Gobierno, Miquel Ramis, y el conseller de Interior, José María Rodríguez. El profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Fuster, pronunció la conferencia inaugural del curso, en la que sostuvo que la «falta de control social», propia a su juicio de las «sociedades avanzadas», junto con la creciente llegada de inmigrantes, que a su parecer «sólo quieren ganar dinero y no quieren la tierra», hacen necesario un incremento del control policial en el archipiélago.
Durante su repaso histórico de la evolución del turismo en Balears, el conferenciante ensalzó y se emocionó al recordar la labor de Manuel Fraga como Ministro de Turismo en los sesenta y acusó al Govern dePacte de Progrés de ser responsable directo de la pérdida de la renta de los ciudadanos de Balears en la pasada legislatura, por su «falta de visión» sobre el negocio turístico. El conseller de Interior, por su parte, informó que los agentes que superen el periodo de formación, se incorporarán a los municipios de las Islas que hayan solicitado el servicio de policía turística cuando empiece la temporada alta, en el mes de mayo. El conseller prevé la incorporación de al menos 100 agentes más y recordó que el Ejecutivo se ha marcado como objetivo contar con 400 policías turísticos en Balears al finalizar el periodo de implantación. Los agentes, que deberán superar un curso de 300 horas en materias como seguridad ciudadana, derecho penal y procesal, régimen interior, seguridad viaria, entre otras, prestarán servicio entre los meses de mayo y noviembre, aunque está previsto que posteriormente trabajen durante nueve meses al año.
El conseller de Interior anunció que buscará fórmulas para que los policías turísticos puedan incorporarse con posterioridad a los cuerpos de policías locales, mediante una reforma del decreto que los regula.
La asignación de efectivos para el año 2004, mediante convenios con los ayuntamientos, será de 12 agentes para Menorca, 20 para las Pitiüses y 78 para Mallorca.
El grupo municipal socialista en el Ajuntament de Palma, reclamó al Govern que destine el 50 por ciento de los efectivos a la capital balear para contribuir a solventar los «problemas de seguridad» de la ciudad.