La vicepresidenta del Govern y consellera de Relacions Institucionals, Rosa Estaràs, firmó ayer los acuerdos de creación de los Consorcios de Infraestructuras y Obras sociosanitarias de Mallorca y Eivissa-Formentera, a los que el Ejecutivo cede sus competencias en materia social, en virtud del traspaso que entró en vigor el pasado 1 de enero.
Los acuerdos fueron suscritos también por el presidente del Conselpitiús, Pere Palau; y por la presidenta del Institut de Serveis Socials del Consell de Mallorca, Margalida Vilanova; así como por la consellera de Presidència del Govern, Rosa Puig. Se espera que en las próximas semanas se haga extensivo al Consell de Menorca.
Los consorcios, declaró Estaràs, percibirán anualmente, y durante los próximos cinco años, 5 millones de euros del Estado y otros 7,5 millones de euros de parte del Govern también durante un quinquenio, además de las propias aportaciones de los consells insulars que, por ejemplo, cederán el suelo preciso para la construcción de nuevas infraestructuras.
La construcción de nuevas infraestructuras y las obras de rehabilitación serán responsabilidad de los consorcios, pero la gestión de todos estos centros será competencia de los consells, aclaró Estaràs.
A la espera de la elaboración de un plan de inversiones, Vilanova adelantó que entre las prioridades del Consorcio de Mallorca estará «la creación de nuevas plazas de residencia para mayores con necesidad de asistencia», para paliar un déficit que cifró en 1.800 plazas en la Isla.
Por su parte, Puig anunció la intención del Govern de iniciar en 2004 las obras de construcción en la calle Joan Crespí de un centro de discapacitados físicos gravemente afectados, que será el único del país junto al que ya existe en Toledo.
Además, la consellera de Presidència anunció el inicio de otras obras «prioritarias», como la creación de una residencia de ancianos y de atención a enfermos de Alzheimer en las instalaciones del Hospital Militar de la calle Sant Miquel de Palma.