Como ejemplo de la intensa actividad que está soportando la Sala, en los primeros días de 2004 (hasta ayer, 13 de enero) se ha verificado la entrada de 36 recursos, lo que da un promedio de más de dos diarios. Todo ello, teniendo en cuenta que la Sala de lo Contencioso Administrativo acumula 3.702 asuntos sin resolver, según refleja la estadística de 2003 a la que ayer tuvo acceso Ultima Hora. Esos datos confirman que el pasado año entraron a conocimientos de los magistrados un total de 1.665 pleitos, frente a los 1.537 de 2002, con un aumento del 8,3 por ciento. Con respecto a las apelaciones, éstas sumaron 206 en 2003, frente a las 134 de 2002, con un aumento porcentual del 53 por ciento.
«Para paliar esta grave situación sería muy necesaria la creación de una Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo en Balears, ya que la carga de trabajo es muy elevada para la plantilla existente. En otras palabras, hacen falta 'manos', teniendo en cuenta de que aquí tenemos conocimientos de los asuntos que se registran en todo el archipiélago», explicó Ramón Reig. Las distintas memorias de la actividad judicial de los últimos años en Balears vienen confirmando la alarmante falta de medios humanos y técnicos para hacer frente a las necesidades de una sociedad, como la balear, que «cada día pleitea más», según han admitido distintos abogados. Han habido sentencias resolviendo un contencioso por una multa de tráfico de 6 euros (mil de las antiguas pesetas). Además, hay empresas que cuestionan ante los magistrados todas y cada una de la sanciones leves que cometen en materia de traslado de turistas a puntos de ventas controlados por los 'manteros', que son decenas al finalizar el año.
Las Islas ya han superado el «techo» de los 100.000 asuntos entrados en la jurisdicción de lo penal, todo ello, a pesar del notable esfuerzo realizado diariamente por los jueces, que van dictando las sentencias a un ritmo muy alto. La lentitud de la Justicia en las Islas no es un tema que pille de sorpresa a magistrados, fiscales, abogados, funcionarios y ciudadanos. Más de 20.000 casos esperan ser resueltos. Precisamente, usuarios descontentos con la lentitud de los juzgados en la resolución de las causas se han dirigido en varias ocasiones al Defensor del Pueblo para denunciar esa situación. Las quejas corresponden a la jurisdicción penal, civil (por retrasos en la fases de declaración y ejecutiva) y contencioso administrativa.