El Consell, a través del Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, conocido como s'Institut, ha decidido promover una serie de reformas legales para poder alojar en residencias privadas a las 1.800 personas de la tercera edad que están en lista de espera para entrar en los centros públicos que, desde el pasado día 1 de enero, gestiona el Consell.
La presidenta de s'Institut, Margalida Vilanova, que ayer presentó oficialmente las grandes cifras de este organismo, explicó que la actual ley de acción social, aprobada por el Parlament en el año 1987, impide a las administraciones concertar plazas con residencias privadas con ánimo de lucro.
Por esta razón, Consell y Govern ya han iniciado conversaciones para modificar esta ley de forma que la institución insular pueda aprobar conciertos con residencias privadas, lo que ampliaría sustancialmente la oferta de 1.117 plazas que ahora tiene el Consell de Mallorca. La imposibilidad de llegar a conciertos con empresas con ánimo de lucro hace que, en estos momentos, de las 1.117 plazas, tan sólo 31 están concertadas.
La presidenta de s'Institut, Margalida Vilanova, aseguró que su departamento es partidario de modificar también otros aspectos de la ley para adecuarla a la realidad social de la Mallorca de 2004, muy diferente a la que existía en 1987, cuando se aprobó la ley que sigue vigente.S'Institut recibió las competencias en materia de acción social el día 1 de enero, con lo que, gracias al traspaso, a lo largo de 2004 gestionará un presupuesto cercano a los 70 millones de euros. El organismo dependiente del Consell ha recibido el traspaso de 490 trabajadores que, unidos a los 591 que ya trabajaban en el área social del Consell, hacen un total de 1.081 funcionarios.
S'Institut gestionará 1.078 plazas de discapacitados que están concertadas y se hará cargo de la inspección y registro de centros, de las ayudas a personas mayores, discapacitados y con urgente necesidad y del comedor de transeúntes.
Margalida Vilanova explicó que la puesta en marcha de este organismo permitirá tener centralizadas todas las competencias de acción social en una administración única, lo que permitirá mejorar la gestión de los servicios sociales ya que todas las peticiones quedarán centralizadas y no habrá discusiones de competencias entre las distintas administraciones.
En materia de menores, el Consell tiene unos 300 menores tutelados y otros 2.000 han recibido apoyo técnico o psicológico por problemas de maltrato. Vilanova explicó que el Govern mantendrá las competencias sobre la Targeta Bàsica ya que se trata de una cuestión de ámbito suprainsular, por lo que la competencia debe ser del Govern.