Estas dos disposiciones dejan de hecho a los ayuntamientos sin la competencia de conceder las licencias propias, algo que ya hizo el Pacte en materia de residuos. El proyecto de ley aprobado la semana pasada por el Consell de Govern y remitido el miércoles al Parlament regula la creación de la futura televisión pública, disuelve las cámaras agrarias, permite la construcción de viviendas unifamiliares en las Àreas Naturales de Especial Interés de Eivissa y Formentera, crea una reserva natural en esta última isla y legaliza viviendas ubicadas en zonas costeras que cumplan unas determinadas condiciones en Eivissa. Una de las cuestiones más importantes, adelantada por Ultima Hora, es que los parques naturales sólo incluirán fincas públicas.
El proyecto establece además excepciones en el soterramiento de líneas de alta tensión, da un plazo de dos años para que se legalicen pozos de agua abiertos desde 1985, declara de interés general numerosas infraestructuras hidráulicas y califica de bien de servicio público el agua en alta para uso doméstico, ya sea de titularidad pública o privada. Eso permitirá al Govern comprar agua a los particulares con un precio público fijado previamente.
Entre las modificaciones legislativas destacan las que afectan a las empresas públicas. El proyecto de ley crea cuatro nuevas empresas públicas: la Escuela Balear de Administración pública y otras tres más dedicadas al fomento de la calidad turística, a la gestión de los parques naturales y a la realización de inversiones en materia educativa. Suprime otra empresa, el Institut Balear d'Afers Socials (IBAS), e introduce cambios en el Institut Balear de l'Aigua i l'Energia (Ibaen), que dejará de ocuparse de todas las materias que estén relacionadas con la energía.