La unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria del servicio de transporte sanitario terrestre -las ambulancias del IB-Salut- de Balears está al borde de la quiebra, según denunció ayer la consellera de Salut i Consum, Aina Castillo, en su comparecencia en la Comissió no permanent de Salut del Parlament balear.
Castillo que acudió al Parlament para responder a una serie de preguntas presentadas por la diputada socialista, Aina Salom, relativas a las condiciones del contrato con la UTE y las modificaciones previstas por el Govern, dijo textualmente que la UTE está «prácticamente en quiebra» por culpa del déficit de 6 millones de euros entre la dotación del contrato de concesión y el coste real del servicio que el Pacte de Progrés se comprometió, en su día, a asumir.
El Govern del PP está estudiando si puede pagar o no; al igual que más de 4 millones de euros en aumentos de salarios a los trabajadores de las ambulancias incluidos en el convenio colectivo aprobado pocos días antes de las elecciones autonómicas de mayo.
Castillo dijo en el Parlament que el anterior gerente del IB-Salut, Juli Fuster, se comprometió con la concesionaria a abonar el «desequilibrio» económico entre el importe del contrato del servicio y los gastos reales de su prestación, diferencia que una posterior auditoría encargada por el Ejecutivo autonómico situó en más de 6 millones de euros.