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Editorial

Viviendas y población

Recientes datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística establecen que en España existe hoy una vivienda por cada dos habitantes, o lo que es lo mismo, que en un país que cuenta con una población de 40,8 millones de personas, disponemos de 20,8 millones de viviendas. Durante la última década, la fiebre constructora ha determinado un crecimiento del 21,1% en el número de viviendas, pese a que en idéntico período -los datos se refieren al que va de 1991 al 2001- la población ha aumentado tan sólo el 5%. Como es natural, todo ello supone que también contemos con más casas deshabitadas, hasta el punto de que éstas, casi 2,9 millones, duplican a las de alquiler.

Un análisis más detallado del contenido de la encuesta del INE resultaría un tanto farragoso; no obstante, y por proporcionar un dato referido a Baleares, baste decir que el auge del hogar unipersonal -en la actualidad unos tres millones de personas viven solas en nuestro país, mientras que en 1991 apenas lo hacían poco más de millón y medio- ha llevado a nuestra Comunidad a figurar la primera en este aspecto con un 24,9% de viviendas ocupadas por una sola persona. La contundencia de las cifras, la desproporción de las mismas en algunos casos y los problemas que ello puede generar -robos, «okupas», etc...- forzosamente invitarán a la reflexión a quienes nos gobiernan. Lo malo del asunto es que es una materia en la que la legislación puede resultar una empresa particularmente espinosa.

La Administración está siempre obligada a actuar con criterios de uniformidad por obvias razones, pero aquí esa necesidad podría fácilmente convertirse en vicio y no en virtud. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia que existe entre gravar con un impuesto a quien tiene una, o varias, viviendas deshabitadas y está a la espera de alquilarlas, o venderlas, y la de hacer recaer ese mismo impuesto sobre aquel que no alquila, o vende, su propiedad porque carece de medios para hacerla habitable. La problemática es lo suficientemente amplia como para que las medidas que se tomen en el futuro partan de la sensatez.

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