El Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears en contra de un artículo de la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de 1998, la ley de acompañamiento a los presupuestos. La cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears deviene previamente de un recurso presentado por un sindicato en contra de la homologación salarial del personal de educación que fue transferido a la Comunitat con el traspaso de las competencias en esta materia.
Los sindicatos presentaron un recurso en contra del sistema elegido para hacer efectiva este homologación. La Ley de Presupuestos ahora recurrida fijaba que esta homologación se haría en un plazo de cuatro años, a razón de un 25 por ciento de incremento anual. El sindicato que presentó el recurso consideraba que este incremento retributivo debía hacerse de golpes y no fraccionado en cuatro plazos. El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha entendido que el Govern pudo incurrir en inconstitucionalidad al fraccionar la homologación, por lo que ha decidido presentar la cuestión de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal.
El Constitucional también entiende que pueden ir contra la Constitución otras dos disposiciones de la misma ley, ambas referidas a la subida de sueldo para los funcionarios de educación. Una de estas disposiciones 'congelaba' el nuevo estatus jurídico de los funcionarios transferidos hasta que no fuera modificada la relación de puestos de trabajo de la Comunitat Autònoma.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Balears de presentar esta cuestión, así como la aceptación a trámite por parte del Alto Tribunal hacen prever que la resolución definitiva de este asunto irá en contra de los intereses de la Comunitat y favor de los sindicatos. De ser así, el Govern podría verse obligado a pagar a los funcionarios docentes los intereses por el retraso.