Balears y el resto de islas europeas van a presentar el próximo 9 de octubre un estudio en el Parlamento europeo para explicar los problemas que padecen las regiones insulares. El informe fue presentado ayer por el conseller de Presidència, Antoni Garcias, y por el titular de la Conselleria d'Hisenda, Joan Mesquida, quienes consideran que el estudio es «una prueba documental del hecho diferencial insular». El informe ha sido elaborado por Eurisles, un órgano creado por la Comisión de las Islas de la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, y que está integrada por 20 regiones insulares de la Unión Europea.
Este informe tiene por objeto «probar ante las instituciones las cargas de la insularidad», según Mesquida, quien cree que el Tratado de Amsterdam tiene una interpretación ambigua para los intereses de las Islas. «Lo que nos interesa ahora es que los Estados miembros redacten una Constitución Europea que reconozca el hecho insular», precisó el conseller d'Hisenda. En la elaboración del estudio han participado las regiones insulares de Azores, Aland, Bornholm, Córcega, Creta, Goso, Gotland, Guadalupe, Hiiumaa, Balears, Islas Ionienes, Isle of Wigth, Martinica, Nord"Egea, Orkney, Saaremaa, Cerdeña, Shetland, Sud"Egea y Westhern Isles.
El documento plantea que más de 13'5 millones de habitantes viven en las Islas de la Unión Europea, las cuales representan aproximadamente un 3'5 por ciento de su superficie. Los territorios insulares proporcionan «a la UE una presencia económica y geopolítica en casi todos los océanos del planeta y una frontera activa con todos los continentes», según el documento. Desde el punto de vista económico, el estudio sostiene que el 93 por ciento de los isleños de la Unión Europea viven con un PIB per cápita inferior a la media comunitaria, la vida es más cara en los mercados insulares cerrados y los salarios son, en muchas ocasiones, más bajos.