Eduardo de Quesada, subdirector general de Extranjería del Ministerio de Asuntos Exteriores, impartió ayer una conferencia en la sede de la Fundació ARCA sobre «Inmigración y cultura». A lo largo de su exposición se refirió a los problemas de los extranjeros residentes en España (legales e ilegales), al marco legal, convenios bilaterales y la posición relativa de España respecto a otros países en temas de inmigración. «El problema de los ilegales es poder regularizar su situación. Si no trabajan, no tienen dinero y se colocan en la antesala de la delincuencia. Para ello, hay que cumplir la ley, empezando por el rechazo en las fronteras y llegando hasta la deportación, algo costoso en términos políticos y económicos. En 2001 se deportaron 44.000 inmigrantes».
Respecto a la situación en Balears, señaló que «no existe un problema objetivo de inmigrantes ilegales porque ha habido muchas regularizaciones, cerca de 8.000, lo que representa el 4 por ciento del total nacional de solicitudes realizadas. Pero dada la vulnerabilidad del equilibrio social en las Islas y la conciencia de fragilidad de su territorio, es el problema que más preocupa a la sociedad mallorquina, por delante del terrorismo, al contrario de lo que ocurre en otras comunidades». Eduardo de Quesada calificó de «disparate» las críticas de determinados colectivos sobre la xenofobia creada por el gobierno de Aznar. «Nadie tiene esa pretensión. No se fomenta la xenofobia, todo lo contrario. Cuanto más se regule la situación, menos posibilidad hay de xenofobia. No trato de defender al Gobierno, pero es muy poco acertado decir que da la sensación de que fomenta determinadas actitudes».
«España está objetivamente mejor que otros países en cuanto a número de inmigrantes. La preocupación se centra en que se está degradando mucho más que otros países porque comenzó más tarde que a recibir inmigrantes. En cuatro años se ha triplicado la cifra, llegando en la actualidad de más de un millón y medio de inmigrantes. En España caben todavía más extranjeros, pero deben tener un contrato de trabajo, estar regularizados», añade. De Quesada anunció que «el Gobierno no va a realizar un proceso nuevo de regularización. La legalización no se puede hacer de forma indefinida y no puede haber tampoco una amnistía de inmigrantes ilegales. Esto generaría un mayor flujo hacia España».