La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), así como las patronales de construcción y promotores inmobiliarios denunció ayer la grave situación por la que va a atravesar el sector de la construcción en Mallorca como consecuencia del impacto de la moratoria urbanística del CIM, que según un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Mallorca amenaza a 30.000 empleos, la supervivencia de 4.000 empresas y provocará la pérdida directa de ingresos durante los treinta meses que podría estar vigente la moratoria de unos 1.616 millones de euros (269.037 millones de pesetas).
El informe fue presentado por el presidente de la (CAEB), Josep Oliver, y los máximos representantes de la Asociación de Constructores de Balears y Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears, Pedro Ferrá, Juan Matemalas, Gabriel Oliver y Manuel Gómez. En el citado estudio se recoge que la norma cautelar dictada por el CIM en enero de 2002, sobre la cual se ha presentado recurso contencioso administrativo ante los tribunales de Balears, supondrá la paralización de una media del 73'78% de las nuevas licencias de edificación concedidas desde 1998 en Mallorca y del 96'80% en Palma.
Matemalas y Ferrá explicaron que la gran mayoría de las 4.000 empresas que verán peligrar su futuro cuenta con menos de cinco trabajadores y esta reducción de la actividad constructora pondrá en peligro la continuidad de 24.400 empleos directos y 9.000 indirectos. Asimismo, se estima que la pérdida anual directa de ingresos durante los aproximadamente dos años y medio de vigencia puede concretarse en 646'7 millones de euros, lo que supone una caída del 45'3% de la producción total de la construcción.
Matemalas señaló que la actividad constructora en Mallorca se mantiene gracias a los proyectos visados antes de la entrada en vigor de la moratoria y vaticinó que con la llegada del otoño comenzará a decaer la actividad. La patronal del sector confía que el CIM apruebe cuanto antes el nuevo Plan Territorial de la Isla y se levante la actual moratoria con el propósito de «dar seguridad a nuestras empresas y a los trabajadores». Tanto CAEB como constructores y promotores critican la actitud del Govern y CIM, «nos hemos reunido con ellos dos veces y todavía estamos esperando una respuesta», añadió Josep Oliver.