La Memoria Judicial del año 2001 en Balears ha vuelto a poner en evidencia la falta de medios humanos, técnicos y de infraestructuras para hacer frente a la elevada carga competencial que están soportando las distintas jurisdicciones, según señala el balance anual. La memoria coincide con las conclusiones extraídas en ejercicios anteriores al denunciar «juzgados saturados y miles de asuntos sin resolver», según los comentarios que realizan los responsables de cada uno de los máximos responsables de los distintos órganos judiciales. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Àngel Reigosa, señala, por ejemplo, que hay «diferencias importantes» en el número de asuntos en trámite entre los distintos órganos.
«En parte», precisa, «debido a que la actividad se desarrolla en base a oficinas atomizadas y autosuficientes, cuya eficacia viene dada por la disposición particular de cada juzgado, muy vulnerable a cualquier modificación por baja o traslado». El número de asuntos que han tramitado los juzgados de instrucción (10 en Palma) ha aumentado de forma considerable, «por lo que parece razonable la petición de que se creen los números 11 y 12», señala la memoria. Añade que los juzgados de lo penal (8 en Palma) están dedicados de forma exclusiva a las ejecutorias, «lo que facilita notablemente el normal funcionamiento de los restantes».
Con respecto a la Sala de lo Civil y Penal del TSJB, el balance precisa que «sus escasas competencias han permitido que dos de sus miembros completaran la Sala de lo Social, que se constituyó sólo con un presidente y, ulteriormente, con un magistrado más, con lo que se cumplen las previsiones de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial». Con respecto a los juzgados de paz, la memoria estima que todos los municipios de más de 7.000 habitantes «deberían tener una plantilla mínima de tres funcionarios: secretario, oficial y agente». Y añade: «El mal funcionamiento (de los juzgados de paz), aunque afortunadamente no todos, causan graves problemas a la Administración de Justicia y da lugar a continuas quejas».
La memoria también refleja la incidencia de la entrada en vigor, a principios del pasado año, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), «que ha implicado una sobrecarga en el trabajo de los jueces al tener que cumplir el principio de inmediación». El número de asuntos que entraron en los juzgados de primera instancia el pasado año fue de 12.019, en los de familia (3.109), diligencias (42.222), mientras que en los de Social se tramitaron 3.476. En los juzgados de lo contencioso-administrativo entraron 1.833 asuntos, en los juzgados de menores (2.39), vigilancia penitenciaria (4.879). En Instrucción de Palma, según los datos que había aportado el juez decano, Pere Barceló, se tramitaron el pasado año 82.300 asuntos.
El TSJB y la Audiencia agotan su espacio y hace falta
construir «otro edificio»
La Memoria Judicial de 2001 señala que el Tribunal Superior de
Justicia y la Audiencia Provincial han «agotado el espacio
existente» con la instalación de la Sección Quinta de la Audiencia,
al tiempo que incide en que «los locales actuales de los distintos
tribunales no son suficientes para el cómodo desarrollo de las
funciones que les corresponden, especialmente los de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Por ello, «es necesaria la construcción
de un nuevo edificio al que se trasladarían los juzgados que hoy se
ubican en el denominado La Salle (Instrucción, Penales, Vigilancia
Penitenciaria y Clínica Médico-Forense), dejando éste para la
Audiencia Provincial, que sufre, hoy por hoy, una absoluta
insuficiencia para hacer frente a su elevada carga
competencial.