El borrador de ley de regulación del crecimiento fijará un cupo anual de 6.118 licencias a partir de 2004, según figura en el borrador del anteproyecto de la ley reguladora del crecimiento de los asentamientos urbanos en Balears, que es el nombre oficial elegido por la Conselleria d'Obres Públiques. Tal y como señala el artículo 1 de la ley, el objeto de este texto es «establecer, en el marco de la ordenación territorial y urbanística de Balears, una regulación del crecimiento de las asentamientos urbanos u del desarrollo de su proceso urbanizador y edificador».
La ley tiene como base la nonata reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio que presentó el anterior conseller d'Obres Públiques, Josep Antoni Ferrer. Por esta razón, establece un régimen de transición hasta llegar al crecimiento del 1 por ciento, que es el límite pactado entre PSOE y EU. Durante 2002, el límite de crecimiento fijado por la ley es del 3 por ciento de lo ya construido, lo que significa que se podrán construir 18.356 viviendas en Balears con capacidad para 55.066 personas. En 2003 y dentro de esta fase de transición, el cupo de licencias que fija la ley es del dos por ciento, lo que permitirá construir 12.237 viviendas, con capacidad para 36.710 plazas.
El borrador deja en manos de los planes territoriales insulares el crecimiento de los distintos municipios, si bien incluye un listado "similar al de la reforma de las DOT" en el que señala las unidades de alojamiento de cada municipio que deben servir de base posterior para la concesión de los cupos. Los planes territoriales insulares podrán incrementar en un 20 por ciento el crecimiento máximo asignado a cada uno de los municipios. De este, este es una de las escasas modificaciones que presenta este borrador con respecto a la reforma de las DOT ya que el texto que presentó públicamente Ferrer limitaba este crecimiento excepcional al 10 por ciento.
Como en la reforma de las DOT, quedan excluidas del cupo anual de licencias las viviendas de protección oficial y la reforma o rehabilitación de las edificaciones. A pesar de que todos los partidos del Govern tenían ayer en sus manos el texto definitivo, los responsables de Unió Mallorquina aún no lo habían recibido. Un portavoz de la formación política aseguró que se partido se dará tres semanas de plazo para estudiar el contenido del anteproyecto de ley y dar una respuesta a los demás miembros del Pacte de Progrés. El Govern confía en aprobar el texto antes de que concluya el mes de abril.