El Parlamento vasco, con el insólito acuerdo de PNV, PP y PSOE, ha aprobado una medida que garantiza el cobro de la pensión máxima a los diputados que hayan ejercido el cargo durante cuatro años. La medida, además, entrará en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2001. A esta decisión se opusieron tanto Izquierda Unida como Eusko Alkartasuna, en tanto que los diputados de HB no asistieron a la sesión. Los ciudadanos de a pie, por contra, tienen que trabajar como mínimo 35 años para poder acceder al total de la pensión que les corresponde. El agravio comparativo es más que evidente.
Pero, por si algo faltara a esta surrealista y vergonzosa decisión, los partidos más enfrentados en los últimos años, en los mal llamados bloque constitucionalista y bloque nacionalista, se han unido sin más y no les han dolido prendas para ponerse de acuerdo en un asunto tan trascendental para el común de los mortales. Evidentemente, todo se ha hecho desde la más escrupulosa discreción. Bien es cierto que la actividad política tiene que estar bien retribuida, que las presiones y amenazas son moneda común en Euskadi, pero aun así, no es fácilmente justificable tirar del erario público para que, una vez trabajados cuatro años, en un máximo de dos legislaturas, un diputado cobre lo mismo al final de su vida laboral que cualquier otro ciudadano.
Que esto además suceda en una comunidad que tiene por delante la ingente tarea de acabar con el terrorismo, de serenar los ánimos, de normalizar su vida política, de erradicar violencias y asesinatos, es aún mucho más vergonzoso. Y lamentable es, además, que sólo sean capaces de ponerse de acuerdo en asuntos como éste de las pensiones y no en otros. La Cámara vasca y los principales partidos en ella representados deben ocupar su tiempo en solucionar los problemas que acucian a la sociedad de Euskadi, no en planificar el futuro propio.