El actual sistema autonómico de reparto de competencias deja a la mayoría de las comunidades con unos recursos insuficientes a la hora de afrontar retos de cierta importancia. Por ello algunas autonomías han decidido crear sus propios impuestos "dentro del estrecho margen que permite la legislación" para disponer de fondos con los que emprender grandes obras o proyectos. En el caso de nuestro Govern, la idea de gravar a los visitantes era la respuesta, pero el Ejecutivo pretendía y pretende algo más que recaudar dinero. La ecotasa es para el Pacte de Progrés todo un símbolo de una nueva forma de gobernar. Por eso, el levantamiento, por parte del Tribunal Constitucional, de la suspensión cautelar del impuesto turístico, recurrido por el Gobierno central, ha sido considerado por el Govern como una gran noticia. Y acto seguido, en un gesto realmente decidido y quizá audaz, ha anunciado que se aplicará antes de Semana Santa.
No cabe duda de que el Govern está legitimado para aplicar ya este impuesto. Pero en un asunto que ha levantado tanta crispación, no está de más extremar la prudencia. Primero porque no se puede aventurar que la sentencia del Tribunal Constitucional "cuando se dicte" vaya a avalar la tesis del Govern. Puede darle la razón o no. Y segundo, porque la situación económica mundial no nos permite ser muy optimistas. Todo lo contrario. El turismo balear se enfrenta a la próxima temporada con negros presagios. No parece que sea éste, pues, el mejor momento, para introducir cambios que los touroperadores rechazan frontalmente. Así parece haberlo entendido la presidenta de Menorca, que propone que Govern y sector negocien la mejor solución.
Con el respaldo que les ha otorgado el TC, Antich y su Ejecutivo están en inmejorables condiciones para negociar. Considerando las malas perspectivas, el Govern no debería correr el riesgo de que se le pueda achacar a su gestión un hipotético resultado adverso de la temporada turística.