El Govern ha alegado ante el Tribunal Constitucional que la suspensión indefinida de la Llei de Comerç supondría «un perjuicio irreparable» para Balears ante la masiva construcción y apertura de establecimientos comerciales «con unas superficies que distorsionarán el tejido local de los pequeños comerciantes». Éste es uno de los argumentos que defiende el Ejecutivo balear en los 70 folios que ha remitido al Tribunal Constitucional ante la suspensión cautelar de la Llei de Comerç tras el recurso presentado por el Gobierno central.
El Govern defiende cada uno de los cinco artículos recurridos por Madrid, aunque pone especial énfasis jurídico en validar el artículo 14.1, que es el que regula la instalación de grandes superficies. Los juristas del Govern entienden que el levantamiento de la suspensión «no producirá perjuicio irreparable alguno ya que pueden construirse y obtenerse la apertura de establecimientos comerciales dentro de los márgenes de superficie autorizados y los, presumiblemente, escasos intereses afectados que se vieran imposibilitados de hacerlo, por precisar mayor superficie, serían siempre indemnizables». El Ejecutivo reitera que, en caso de levantar la suspensión, los afectados serían «poco numerosos y perfectamente indentificables».
En relación al artículo suspendido sobre la regulación de los horarios comerciales, el Govern también argumenta que dicha medida autonómica «minimiza o excluye que pueda afectar a la unidad del mercado nacional, en tanto la fragmentación geográfica evita el reflejo sobre los mercados próximos y fronterizos». En las alegaciones presentadas por el Ejecutivo a través del letrado Pere Aguiló se insiste en que la Llei de Comerç se enmarca en las competencias de comercio interior que están previstas en el Estatut d'Autonomia.