A muchos el programa electoral del Partido Popular les cautivó por sus promesas de honestidad y por sus más pragmáticas aseveraciones de que bajarían los impuestos. Quizá por eso la 'operación gasolina' se ha hecho de forma encubierta, turbia y torticera, en un consejo en el que el PP tiene mayoría y con el voto en contra de los socialistas.
Cuando la negociación de los Presupuestos del Estado para el próximo año aún no se ha cerrado, el Gobierno introduce esta novedad para "dice" ceder los beneficios a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en Sanidad, cuando lo que debería hacer es dotar las competencias convenientemente porque en eso consiste garantizar la calidad asistencial de los ciudadanos. Y encima les «cede» la posibilidad de incrementar esta subida en años venideros, un auténtico «regalo envenenado» para las autonomías.
Por lo demás, como era de esperar, se han llevado las manos a la cabeza los transportistas, los agricultores y los taxistas, aunque está claro que cuatro pesetas por litro de gasolina "ya soporta un 65% de carga impositiva" afectan a todo hijo de vecino. Si el Ejecutivo necesita dinero para financiar la Sanidad, como parece que ocurre, y si las previsiones de recaudación no se cumplen como estaba previsto "más ahora, que se augura una ralentización de la economía", lo que tiene que hacer es adaptarse a las nuevas previsiones y aplicar el principio de quitarle más al que más tiene, es decir, a través del impuesto sobre la renta, que deja bien a las claras quién paga y por qué.
De esta otra forma volveremos a pagar todos, qué remedio nos quedará, pero saldrán más gravemente perjudicados sectores que ya han sufrido lo suyo y que dependen directamente de los carburantes para sobrevivir.