La Conselleria de Benestar Social presentó ayer el Decret de Renda Mínima d'Inserció (RMI), que será aprobado el viernes por el Consell de Govern y que sustituirá al actual Suport Transitori Comunitari (STC). La consellera de Benestar Social, Fernanda Caro, explicó que con este nuevo sistema «el Govern duplicará la partida dedicada a las personas en riesgo de exclusión social, al pasar de 125 a 250 millones de pesetas». Esta aportación supondrá un aumento medio por núcleo familiar de 15.000 pesetas, al pasarse de una prestación media de 48.000 pesetas a otra de 63.000 pesetas.
La RMI estará destinada a aquellas personas que se encuentren en una situación de riesgo de exclusión social e incluye una ampliación del perfil de los destinatarios, con respecto al STC creado por el anterior gobierno, que supondrá, según las estimaciones de la Conselleria, que alrededor de 630 familias (1.800 personas) podrán beneficiarse durante un año de esta prestación, 260 familias más que con el STC. Esta ampliación del perfil supone la inclusión entre los posibles beneficiarios de los jóvenes menores de 25 años en situación de riesgo social y a las mujeres en proceso de separación.
Respecto a la exigencia de la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, de que Benestar Social reduzca su presupuesto ante el traspaso de competencias a los consells, Caro consideró que «además de tristes e irresponsables, estas declaraciones suponen una agresión a los ciudadanos de Balears». «Sus palabras responden a un perfil ideológico que se asemeja a la derecha más cerril», dijo y resaltó que «esta Conselleria pretende impulsar políticas sociales, algo que la derecha ni sabe hacer ni ha hecho nunca, y eso es lo que le da sentido a ésta e, incluso, al actual Gobierno de progreso».
Caro aseguró que pese a ser la Comunidad con la renta per cápita más alta del país, «existe otra realidad que no podemos ignorar y que nos indica que en nuestras islas existen cerca de 600 familias que no perciben ningún tipo de ingreso, casi 30.000 personas que viven bajo el umbral de la pobreza y unas 12.000 personas que sobreviven con pensiones no contributivas o asistenciales, que no llegan, como media, a las 30.000 pesetas mensuales».