El conseller d'Ordenació del Territori del Consell Insular de Mallorca, Rafael de Lacy, ha sido condenado a indemnizar a los dirigentes del PP Carlos Delgado y Mabel Cabrer a quienes acusó de haber incurrido en una incompatibilidad por votar en contra de acuerdos que perjudicaban sus intereses particulares. El juez entiende que Lacy cometió «una intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la imagen» de los dos dirigentes del Partido Popular. En concreto, Lacy dijo que Carlos Delgado, portavoz del PP en Calvià, tendría que haberse abstenido en la votación sobre el Plan General de dicho municipio.
Lacy argumentó que Carlos Delgado veía perjudicados sus interes particulares como copropietario del castell de Bendinat por la revisión del Plan General. El juez de primera instancia, José Luis de la Fuente, entiende que las acusaciones de Lacy a Delgado son «difamatorias» ya que un arquitecto de Calvià confirmó que los intereses particulares del dirigente del PP no se vieron alterados con los cambios del Plan General. «En política no vale todo», opinó Delgado.
En relación a Mabel Cabrer, Lacy señaló que la consellera del PP tendría que haberse abstenido en la votación de una moratoria del Consell que afectaba un solar de su propiedad en el municipio de Andratx, en la urbanización de Son Moragues. La sentencia considera que Lacy lesionó la imagen pública de la dirigente del PP. «Lacy tenía un problema con la revisión del Plan General de Calvià y quiso involucrarnos a nosotros, que fuímos personas afectadas por la moratoria del Consell», lamentó la diputada del PP.
Mabel Cabrer y Carlos Delgado deberán ser indemnizados, cada uno, con 1.000 euros por parte del conseller d'Ordenació del Territori del Consell, quien podrá presentar un recurso de apelación y rectificar públicamente sus declaraciones en contra de los dirigentes del Partido Popular. Sin embargo, la misma sentencia no admite la reclamación del actual presidente del PP, Pere Rotger, quien también fue aludido por Rafael de Lacy a propósito de una propiedad que posee el alcalde de Inca y que también se veía afectada por la moratoria urbanística. Sobre este apartado, el juez considera que Rafael de Lacy sólo hizo referencia a la propiedad de Pere Rotger, y que sus palabras no suponen «vulneración o infracción del derecho al honor».