El Pacte de Progrés alcanzó ayer un principio de acuerdo sobre la moratoria después de que Unión Mallorquina accediera a excluir de la suspensión las viviendas de protección oficial. Este acuerdo tiene una salvedad: los nacionalistas sólo aceptarán esta excepción a la moratoria en caso de que los informes jurídicos acrediten que esta exclusión es jurídicamente viable y no hará peligrar la moratoria en caso de que sea recurrida. El acuerdo se adoptó tras una reunión mantenida por los diferentes grupos políticos del Pacte. PSOE y EU presentaron una propuesta alternativa a los dirigentes nacionalistas por la que se excluyen de la moratoria las viviendas de protección oficial incluidas en el plan cuatrienal de vivienda.
Si la propuesta sale adelante, se autorizará la construcción de 1.600 viviendas protegidas, de las que 400 se destinarán al alquiler y el resto, a la venta. Al término de la reunión de la Junta de Portavoces del Consell, la presidenta, Maria Antònia Munar, explicó que el Govern presentará informes que avalen que la propuesta de PSOE y EU-EV es jurídicamente viable. Los juristas del Consell se pronunciarán después sobre estos informes. «Si los informes jurídicos no dan el visto bueno, UM votará en solitario la propuesta inicial», aseguró ayer contundente la presidenta de la institución insular. Maria Antònia Munar afirmó que el establecimiento de este cupo de viviendas impedirá que la construcción de viviendas de protección oficial sea un coladero que se emplee como excusa para seguir construyendo. La presidenta se mostró muy crítica con la actitud demostrada por sus socios de Pacte hacia la moratoria.
«Pensaba que proteger el territorio tenía que ser una prioridad para la izquierda "señaló", pero cuando están en el Govern plantean excepciones como hacían los otros». La presidenta añadió que han aceptado excluir las viviendas de protección oficial para que se pueda aprobar la moratoria «aunque nos entristezca que se destruya territorio». La presidenta insistió en esta línea al asegurar que «con la excusa de lo social» se hayan incorporado excepciones. «A veces se presentan excusas económicas y a veces, sociales; siempre pasa que alguien quiere excluir algo de la moratoria para que se siga construyendo».
En cualquier caso, la presidenta asegura que la excepción de estas 1.600 viviendas protegidas «es el chocolate del loro», porque lo realmente importante ahora es fijar el techo poblacional. «Hay que decidir cuántas personas queremos que vivan en Mallorca y que lo hagan con calidad de vida y sin que ello represente un problema, porque si no decimos cuántos mallorquines queremos ser, esto puede convertirse en Hong-Kong». Munar reconoció que la aplicación de la moratoria provocará una subida en el precio de la vivienda, pero añadió que no se pueden hacer «milagros», es decir, proteger el territorio y que las viviendas sean más baratas. El resto de partidos del Pacte se mostró ayer muy satisfecho con la decisión de Munar de reconsiderar la propuesta inicial y se mostraron convencidos de que no habrá ningún problema jurídico. El PP no quiso pronunciarse, a la espera de conocer el texto definitivo.