El president de Govern, Francesc Antich, firmó ayer un convenio con el presidente de la Asociación de Promotores, Juan Matemalas, para facilitar la construcción de vivienda de protección oficial, a pesar de que la moratoria aprobada inicialmente por el Consell congela también este tipo de actuaciones. A pesar de esta situación, el president aseguró que el convenio se firma con la idea de que pueda llevarse a cabo. Aseguró que el Pacte está todavía discutiendo la moratoria y se mostró convencido de que la protección del territorio no es contradictoria con la defensa de las personas más desfavorecidas económicamente y que no pueden adquirir una vivienda.
«Hay que hacer estas políticas sociales para la gente con menor poder adquisitivo», señaló Antich, quien añadió que un Govern que cree en esta política «no puede prohibir hacer este tipo de viviendas». Antich pidió capacidad de diálogo a UM para llegar a un acuerdo «que vele por la gente más modesta de este país». El president reconoció que la manera en que UM ha presentado la propuesta de moratoria, sin un consenso previo, no ha sido el mejor sistema para alcanzar un acuerdo, pero también recordó que, en otras ocasiones, el Govern ha actuado como UM, como es el caso de la Ley de Parejas de Hecho.
«Quiero que quien ganen sean los ciudadanos y ciudadanas de las Islas», afirmó el president sin querer entrar en la polémica de vencedores y perdedores. Sin embargo, el president recordó que la propuesta debe seguir negociándose, como se ha hecho con otras iniciativas. Por lo que respecta al contenido del convenio, el director general d'Arquitectura i Habitatge, Jaume Carbonero, explicó que el Govern ofrecerá suelo público a los promotores para que puedan iniciar viviendas en condiciones más baratas. Los promotores construirán las viviendas, pero será el Govern quien fije el precio y conceda las viviendas entre los solicitantes. Con este convenio, se podrán construir de inmediato 24 viviendas en Deià y 14 en Mancor, si la moratoria no las suspende.
Carbonero reconoció que, en estos momentos, el Ibavi dispone de muy poco suelo urbano público disponible ya que se ha empleado para poner en marcha el plan de 2.000 viviendas previsto para estos dos años. Para solventar este problema, Carbonero explicó que se está trabajando en los terrenos urbanizables para elaborar los planes y poder recalificar los terrenos a suelo urbano. Por lo que respecta a la opinión de los promotores, Juan Matemalas aseguró que este convenio permitirá poner en el mercado viviendas de protección oficial para los jóvenes y personas con menor poder adquisitivo. Aseguró además que, de esta forma, los organismo públicos no harán competencia a los promotores privados y recordó que el 80 por ciento de las VPO que se construyen son por cuenta de la iniciativa privada.