El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, Josep Antoni Ferrer, reiteró ayer que su objetivo es buscar un acuerdo que rescate de futuros conflictos a los tres aeropuertos de Balears. «La propia patronal tendría que diseñar los servicios mínimos. El objetivo es que no vuelva a ocurrir lo de esta semana y asegurar, por lo menos, los servicios al aeropuerto», dijo Ferrer, que precisó una serie de cuestiones relacionadas con los servicios mínimos en la pasada huelga del transporte discrecional.
«En 1990, con el PP en el poder», recordó, «se aprobaron unos servicios mínimos y CC OO los recurrió en los tribunales. Era la primera vez que en una Comunitat Autónoma se fijaban servicios mínimos en un servicio que no es público. La sentencia posterior avaló esta cuestión porque, aunque no sea público, es estratégico para Balears. En cambio, la sentencia no acepta que esos servicios mínimos sean del cien por cien, sino del 80%», explicó.
«Pues bien», añadió, «en base a esa sentencia, el viernes anterior a los tres días de huelga, presentamos esos servicios mínimos y las dos partes estuvieron de acuerdo. Pero nadie los ejecutó. El martes, patronal y sindicatos confirman que han recibido los servicios mínimos del 80%, un trámite necesario, ya que no es necesario que se publique un Decreto cuando alguien, en su ignorancia, pensaba eso. El propio presidente de la patronal del transporte (Jaume Batle) reconoció que habíamos actuado conforme a la legalidad con respecto a los servicios mínimos».
Según el conseller de Transport una vez aceptados los servicios mínimos, los propietarios (de autocares) deben convocar a los empleados para que se presenten a trabajar. «Buscamos una fórmula que nos permita que en futuros servicios mínimos poder asimilarlos al servicio público, por ejemplo, que ese 80% se traduzca en determinados viajes del aeropuerto a Can Picafort. Pero es muy difícil. Una cosa es establecer un transporte público ya determinado, y otra es determinar los viajes contratados por un touroperador», precisó.