El sector de la construcción y los promotores inmobiliarios de las Islas consideran que la nueva moratoria anunciada por el Consell de Mallorca tendrá efectos muy negativos en la construcción, aumentará el caos urbanístico y provocará desempleo entre los trabajadores del sector. La preocupación entre la Asociación de Promotores de las Islas es tan patente que su presidente, Juan Matemalas, anunció ayer que solicitarán una entrevista con la presidenta de la institución insular para conocer de primera mano las intenciones del Consell. Matemalas explicó que, una vez celebrada esta reunión, convocarán una asamblea para estudiar con detenimiento las consecuencias de nuevo parón urbanístico anunciado por la institución insular.
Matemalas aseguró que su preocupación se centra no en las consecuencias que esta medida pueda tener en el sector de la construcción y la promoción, sino en las consecuencias sociales derivadas de su aplicación. El presidente de los promotores reconoció que existe cierto número de licencias que ya están en vigor, que todavía no se han ejecutado y que se podrán poner en práctica a pesar de que ya haya entrado en vigor la moratoria. A pesar de que aseguró que es muy difícil calcular cuantas licencias se mantienen vivas, el presidente del Colegio de Arquitectos, Antoni Ramis, afirmó que el llamado «efecto grúas» se seguirá manteniendo debido a estas licencias que se mantendrán vivas pese a la moratoria.
El Colegio de Arquitectos visó ayer más proyectos de los habituales, si bien no tienen ninguna posibilidad de prosperar si la moratoria entra el vigor el lunes, tal y como anunció el Consell. La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) envió ayer un comunicado que abunda en la línea de lo expuesto por Matemalas. En su opinión, la anunciada moratoria es una medida «profundamente negativa» para la economía. Para la CAEB, esta paralización provocará efectos negativos no sólo en la economía de las Islas, sino en la sociedad «dado que miles de trabajadores y de empresas relacionadas con el sector de la construcción verán paralizada progresivamente su actividad y, por tanto, aumentará el nivel de desempleo en nuestra Islas».
La CAEB considera además que esta medida afectará especialmente a los inmigrantes «siendo imprevisible lo que acontezca con posterioridad en relación a dicho colectivo en condiciones de precariedad económica». Tampoco el PP ocultó ayer sus críticas a la propuesta presentada por el Consell. Para el portavoz de este partido e el Consell, Jaume Font, los dirigentes del Pacte de Progrés «quieren que la gente vaya a vivir a cocherías con los colchones tirados en el suelo». Font consideró que la suspensión es desproporcionada y además no servirá para frenar el consumo de territorio. Añadió que afectará principalmente a los jóvenes, que no podrán acceder a una vivienda ante el previsible aumento de los precios.