JUAN MIGUEL LÓPEZ
La delegada de Gobierno, Catalina Cirer, se comprometió ayer con la
Plataforma agraria y con Asaja para legalizar a unos 800
inmigrantes para la próxima campaña agrícola y evitar de esta
manera los graves problemas que está sufriendo el sector en la
presente cosecha por la falta de mano de obra, según informaron
ayer la Delegación de Gobierno y los representantes agrarios.
Como «muy positiva, correcta y muy profesional» fue valorada por ambas partes la reunión celebrada ayer en la sede de la Delegación del Gobierno en Palma. Un encuentro que acabó igualmente con el anuncio de Cirer de que la próxima semana el sector contará con 180 trabajadores inmigrantes más legalizados con permisos de carácter fijo, que se sumarán a los 303 que cuentan con permisos permanentes y a los 128 fijos ya existentes. La nueva legalización servirá para paliar los problemas de mano de obra que sufre el sector a 15 días vistas de recoger la cosecha 2001.
El secretario general de Asaja Balears, Gabriel Company, y el portavoz de la Plataforma agraria, Joan Moll, expresaron su satisfacción «por la buena predisposición» de la delegada del Gobierno y anunciaron que seguirán manteniendo reuniones y trabajando para que el próximo 1 de marzo del año próximo esté completado el cupo de 800 trabajadores necesarios para recoger la cosecha en Balears.
Asimismo, según indicó Company, la Delegación de Gobierno informó a los representantes agrarios que no tiene intención de realizar nuevas inspecciones a explotaciones agrarias, como ocurrió en Inca y en la carretera vieja de Sineu, donde fueron localizados al menos 23 inmigrantes 'sin papeles'. Catalina Cirer indicó a Company y Moll que la Delegación de Gobierno no está predispuesta a realizar nuevas inspecciones, si bien no puede evitar el curso policial y judicial de una denuncia.
En cualquier caso, según informaron los representantes agrarios, la Delegación de Gobierno se comprometió igualmente a tener informada a la Plataforma agraria y a la patronal Asaja sobre el proceso de regularización. En dicho proceso interviene una Comisión agraria creada al efecto, que cuenta con representantes de Madrid y, que según Company, está retrasando el proceso debido al desconocimiento que tienen del problema en Balears.