Un total de nueve asociaciones y organizaciones agrarias de Mallorca crearon ayer una plataforma durante una reunión celebrada en el Casal Pere Capellà de Algaida para intentar solucionar los problemas laborales a los que tiene que hacer frente el sector. Así, los representantes de Agroilla, Fruita Bona, Ucabal, Illa Camp, Son Mesquida SAT, Agro Mallorca, Agro Llevant y Unió de Pagesos suscribieron un documento conjunto en el que, entre otras cosas, se pide a la Administración que se facilite al sector la contratación de inmigrantes con papeles ya que, en la actualidad, «es difícil encontrar trabajadores regularizados y las cosechas tienen que recogerse así que tenemos que acudir a los que están en proceso de tramitación para no perderlas».
En este sentido la plataforma pide también a la Delegación de Gobierno que acelere el proceso de regulación y que, en la medida de lo posible y siempre que no haya denuncia explícita, no se realicen inspecciones con objeto de no criminalizar al payés ante la opinión pública. El objetivo de las asociaciones es, según su portavoz, Joan Joan Moll, gerente de Agroilla, «ser prudentes y apostar por la vía del diálogo y la negociación». A lo largo de la reunión se oyeron voces que pedían adoptar medidas más contundentes y buscar apoyos en los partidos políticos «afines a la causa». Sin embargo, esta corriente de opinión fue ampliamente superada por los agricultores, con el gerente de Agroilla a la cabeza, que abogaron por «huir de las protestas y limitarse a crear una plataforma de profesionales que dialoge con la Administración».
La decisión de crear un frente común entre las organizaciones agrarias surgió tras las inspecciones llevadas a cabo por la Policía Nacional en explotaciones agrícolas de Inca y la carretera vieja de Sineu. Desde el sector se considera que la actividad necesita contratar inmigrantes para poder subsistir ya que los trabajadores «autóctonos» prefieren dedicarse a actividades menos sacrificadas y mejor pagadas. Los portavoces de la iniciativa no quisieron pronunciarse sobre las sanciones penales que se le puede imponer al empresario hortofrutícola, el mayor de la Isla, que según las denuncias de diez de sus trabajadores «explotaba laboralmente» a los inmigrantes.
Las quejas de las organizaciones agrícolas se refieren a la otra tramitación, la administrativa, resultante de esa inspección ya que las fuerzas de seguridad detectaron a 23 personas indocumentadas, dos de ellas menores de edad. Unió de Pagesos garantizó que esos inmigrantes estaban incluidos en las listas que presentó a Treball y que, por tanto, estaban en pleno proceso de regularización. De hecho las demandas del sector en los últimos días, incluso de las asociaciones que no suscribieron el documento presentado ayer, se centran en una «lectura flexible de la ley de extranjería».