El Ministerio de Medio Ambiente no podrá desarrollar ningún proyecto en el litoral de las Islas sin un acuerdo previo con el Govern balear y el ayuntamiento de la zona donde estuviera previsto tras hacerse público el dictamen del Tribunal Supremo, con fecha de 21 de mayo, que otorga a la Comunitat Autònoma la capacidad de legislar en materia de ordenación del litoral, según anunció Margalida Rosselló, consellera del ramo. De esta forma, el tribunal da la razón al Ejecutivo de las Islas y desestima el recurso que, en el año 1994, interpuso el Gobierno central (entonces en manos del PSOE), al decreto sobre Planes de Ordenación del Litoral que había aprobado el Partido Popular.
Este acuerdo obligatorio entre Administraciones, no obstante, sólo es obligatorio, según la sentencia, «cuando no exista un plan de ordenación del litoral en la zona donde se pretenda realizar el proyecto». En este sentido Rosselló manifestó su satisfacción con el dictamen que, señaló, «otorga plenas competencias a la comunitat» en lo que se refiere a las aguas interiores, (aquellas que están delimitadas al trazar una línea recta entre los cabos de las Islas).
Por su parte, el director general de Litoral, Onofre Rullán, reiteró que «a partir de ahora cualquier proyecto en nuestra costa decidido unilateralmente desde Madrid sin tenernos en cuenta incumple la ley» aunque destacó que «nunca rechazamos las inversiones que Madrid pretenda realizar aquí». En este sentido afirmó que su departamento ha informado negativamente a tres proyectos del ministerio «el carril bici de Formentera, la regeneración de la playa de Sant Antoni, en Eivissa y el paseo del la Colònia de Sant Jordi», por lo que reiteró que el Gobierno central tendrá ahora que negociarlos con ellos mientras que la eliminación de los 150 fondeos que Madrid autorizó en Pollença tendrán que esperar a la resolución del contensioso administrativo presentado.
A pesar de que la ordenación de litoral es competencia autonómica, «los anteriores Govern no han elaborado planes de ordenación», dijo Rosselló, por lo que ya han iniciado los de Sóller, Portocolom y Port d'Andratx, los de na Macaret, bahía de Fornells y Ciutadella, en Menorca; y el de Sant Antoni, en Eivissa.